Los jueces de la Corte Suprema explicaron la sentencia adversa al reclamo de los excombatientes de La Plata y favorable a la extranjerización de tierras.
Tras el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que echó por tierra el reclamo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros, el Tribunal emitió un comunicado explicando los fundamentos de su decisión.
La resolución emitida el pasado martes rechazó la medida cautelar emitida por la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/23 que derogaba la Ley de Tierras Rurales en respuesta a un amparo presentado meses antes por el CECIM.
El tribunal rechazó por falta de legitimación el amparo del CECIM La Plata contra el DNU 70/23 que derogó la ley, pero no resolvió sobre la cuestión de fondo.
El CECIM La Plata cuestionó a la Corte Suprema tras la revocación del fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras.
La decisión de la Corte generó gran polémica en el distintos ámbitos de la sociedad argentina, que ya había manifestado su oposición a la venta ilimitada de tierras a extranjeros cuando el Gobierno intentó convertirla en ley en el Congreso y tuvo que retirar ese capítulo ante la falta de apoyos y el fuerte rechazo de la ciudadanía.
En la comunicación emitida este martes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se dirigen "a la opinión pública, con la finalidad de despejar dudas que se han generado en relación a la sentencia dictada". Primero señalan que "sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema".
En esa línea, los jueves sostienen que "la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales" y agregan: "Tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente".
"Los grupos de interés que presionan sobre el tema, también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales", sentencian, además, los jueces.
Respecto de su intromisión en las incumbencias de los demás poderes del Estado, los jueces argumentaron que el fallo "tampoco se obstaculiza la función del Honorable Congreso de la Nación en el tratamiento de este aspecto del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado de la Nación el 14 de marzo del año 2024 y, está siendo examinado por la Cámara de Diputados de la Nación".
En cuando a la Ley de Tierras, el comunicado aclara que "la Corte Suprema ha ejercido un liderazgo en la a protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante muchos años, y no es conveniente intentar confundir a la población en este aspecto". "La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia", añade.
"La controversia referida a la Ley de Tierras, es decir, el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737 (...) no ha sido resuelta en este caso, como se aclaró expresamente", agrega la comunicación. Finalmente, los jueces concluyen: "La Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento. De modo que no puede interpretarse de ninguna manera que exista una posición del Tribunal o de los ministros sobre el referido régimen".
