La Cámara de Senadores aprobó este viernes la reforma penal que establece una baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa consiguió 44 votos a favor y 27 en contra durante la sesión extraordinaria impulsada por el oficialismo.
La reforma penal obtuvo luz verde con 44 votos afirmativos. La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza prevé que la edad de imputabilidad caiga a 14 años.
La Cámara de Senadores aprobó este viernes la reforma penal que establece una baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa consiguió 44 votos a favor y 27 en contra durante la sesión extraordinaria impulsada por el oficialismo.
Con este resultado, La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo avance parlamentario. En el oficialismo defendieron la decisión en un presunto aumento de los delitos cometidos por menores de entre 12 y 15 años y señalaron también una participación "creciente" de adolescentes de dichas edades en casos graves. En ese marco, afirmaron además que esta situación genera una sensación de "injusticia" e "impunidad".

La Cámara de Diputados aprobó la media sanción del Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad a 14 años, con Marcos Gómez presente.
Tras excluir el artículo 44 de la reforma laboral, el Gobierno impulsará una ley para modificar las licencias médicas y el pago de salarios por enfermedad.
El argumento central apuntó a actualizar una norma vigente desde 1980. Según indicaron, buscan establecer "un marco legal moderno" que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil y permita intervenir frente a nuevas modalidades delictivas.
El tenso debate no estuvo exento de fuertes discusiones e incluyó, además, el pedido de un minuto de silencio realizado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, en homenaje a las víctimas de hechos de inseguridad registrados en el país.
La reforma penal fija en 14 años la edad mínima para que un menor pueda ser imputado. En la región, países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana establecen ese mismo umbral. En otros casos, como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, la edad de imputabilidad comienza a los 12 años, pero el abordaje judicial prioriza medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social de los jóvenes.
El proyecto original del oficialismo proponía fijar la punibilidad desde los 13 años, sin embargo, tras una negociación parlamentaria con bloques dialoguistas, la edad se elevó a 14 para alcanzar el consenso necesario. Con esa modificación, el oficialismo aseguró el respaldo de espacios como Propuesta Republicana (PRO) y la Unión Cívica Radical (UCR), que consideraron el nuevo umbral como un límite más equilibrado y en línea con otros países de la región.