Tras cerrar el período extraordinario, el Gobierno de Javier Milei prepara una batería de iniciativas, cambios institucionales y proyectos económicos.
El Gobierno de Javier Milei avanza en la planificación de casi medio centenar de reformas que pretende enviar al Congreso a lo largo de este año. La estrategia oficial apunta a sostener el impulso legislativo tras el éxito de la reforma laboral y ordenar una agenda amplia que incluirá transformaciones económicas, políticas y judiciales.
Luego de un verano con debates intensos en el Parlamento, el presidente argentino comenzó a delinear una nueva etapa parlamentaria. El oficialismo busca cerrar las sesiones extraordinarias con la sanción de leyes consideradas prioritarias antes de concentrarse en los proyectos que integran la agenda anual.
Entre los temas que aún esperan tratamiento aparecen la Ley de Glaciares, el Régimen Penal Juvenil, la Ley de Modernización Laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En la Casa Rosada sostienen que algunos expedientes se demoraron por estrategia legislativa y no por falta de acuerdos políticos.
En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó el alcance del plan oficial y aseguró: "Yo tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley, muchos de ellos muy relevantes, o de mayor impacto mediático, y muchos otros que estamos analizando, y cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el presidente verá cuáles serán las prioridades".
Según trascendió, el mandatario le pidió a cada ministro que presente alrededor de diez propuestas propias para impulsar en el Parlamento. El objetivo es definir un paquete amplio de reformas que ordene la discusión legislativa durante las sesiones ordinarias que comenzarán en marzo.
Parte de las iniciativas ya fueron elaboradas dentro del Consejo de Mayo, espacio de trabajo integrado por representantes políticos, empresariales y sindicales. Ese ámbito funcionó durante 2025 para debatir políticas de Estado vinculadas al pacto firmado entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores provinciales.
El organismo estuvo encabezado primero por Guillermo Francos y luego por Adorni, junto al ministro platense Federico Sturzenegger, el gobernador Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, y el dirigente sindical Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
De ese espacio surgió la llamada Ley de Libertad Educativa, que propone cambios en la organización del sistema, el financiamiento y las modalidades disponibles para las familias. También se incluyó el debate por la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente incorporado a la agenda parlamentaria tras su publicación en el Boletín Oficial; y se redactó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria que buscaría prohibir el déficit y establecer que cualquier gasto aprobado por el Congreso solo entre en vigencia cuando tenga partidas presupuestarias asignadas de manera expresa.
El Ministerio del Interior, conducido por Diego Santilli, trabaja en una nueva Reforma Política que apunta a modificar la Boleta Única en Papel (BUP), reforzar controles sobre el financiamiento partidario y avanzar en la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Dentro de las alternativas analizadas aparece la incorporación de un casillero que permita votar la lista completa con una sola marca. El tema fue discutido por la Mesa Política reunida en la Casa Rosada, donde participaron también Karina Milei, Santiago Caputo, Luis "Toto" Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo "Lule Menem e Ignacio Devitt.
Durante las sesiones ordinarias, el oficialismo también buscará debatir un nuevo Código Penal elaborado por una comisión especial convocada por el Poder Ejecutivo. El texto pasó de 540 a 912 artículos e incluye cambios vinculados a corrupción, terrorismo y endurecimiento de penas.
El oficialismo prevé impulsar el debate de un nuevo Código Penal durante este 2026
El proyecto amplía el concepto de imprescriptibilidad a delitos como homicidio y abuso sexual, incorpora figuras como la criminalidad ambiental y redefine delitos asociados a motochorros. Al mismo tiempo, mantiene leyes vigentes como la Interrupción Voluntaria del Embarazo y agravantes por discriminación de género u orientación sexual.
En paralelo, el Congreso deberá tratar el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que requerirá adecuaciones legales internas. Mientras tanto, el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, prepara medidas aún reservadas y sectores industriales impulsan cambios en licencias médicas laborales, una discusión que podría reabrirse este año.