Uno busca garantizar la trazabilidad de medicamentos y el otro propone una pensión vitalicia para víctimas del fentanilo adulterado y su familiares.
A un año de la apertura de la causa judicial por el fentanilo adulterado que habría causado más de un centenar de muertes en todo el país, comenzaron a avanzar dos proyectos legislativos impulsados por los familiares de las víctima a partir de la tragedia.
Uno de ellos fue presentado en el Congreso de la Nación y apunta a crear un sistema integral de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. El otro ingresó en la Legislatura bonaerense y propone una pensión vitalicia y asistencia integral para sobrevivientes y familiares de las víctimas fatales.
La causa se inició el 13 de mayo de 2025 en la Justicia Federal de La Plata y, según el expediente al que accedió 0221.com.ar, ya se encuentra encaminada hacia el juicio oral, cuyo requerimiento podría concretarse antes de la próxima feria judicial de invierno. La investigación incluye hasta el momento a 17 personas imputadas, de las cuales 13 continúan procesadas, con seis prisiones preventivas, dos de ellas bajo modalidad domiciliaria.
El delito central atribuido a los acusados es la “adulteración de sustancias medicinales destinadas al uso público sanitario, agravada por muerte de al menos 20 personas, en concurso real con adulteración peligrosa para la salud pública”. Esa definición es la que los familiares de las víctimas buscan instalar públicamente al insistir en hablar de “fentanilo adulterado” y no simplemente “contaminado”.
En ese contexto, familiares de víctimas impulsaron en el Congreso nacional un proyecto acompañado por la diputada Marcela Pagano para establecer un sistema obligatorio de trazabilidad integral de medicamentos considerados de alto riesgo. La iniciativa busca que cada ampolla pueda seguirse desde su elaboración hasta su administración al paciente.
La propuesta surgió luego de que la investigación del Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak revelara graves deficiencias en los mecanismos de control sanitario y en la capacidad de seguimiento de los lotes adulterados. Según plantearon los familiares, la ausencia de un sistema unificado demoró la detección de las ampollas comprometidas y dificultó identificar rápidamente qué pacientes habían recibido la sustancia investigada. Uno de los grandes trabajos de la investigación judicial fue reconstruir ese recorrido.
El proyecto contempla incorporar herramientas de serialización e identificación unívoca mediante códigos GTIN, números de serie y tecnología Data Matrix. El objetivo es que cualquier medicamento pueda ser rastreado durante toda la cadena sanitaria y retirado de inmediato ante una alerta.
Cuando fue la presentación a fines de abril también hubo cuestionamientos al funcionamiento de la ANMAT y denuncias sobre una pérdida de capacidad operativa del organismo. Los familiares sostuvieron que en los últimos años hubo más de 120 desvinculaciones y que actualmente existirían alrededor de diez inspectores para controlar más de 300 laboratorios nacionales.
La causa judicial ya contabiliza al menos 114 muertes vinculadas al suministro de fentanilo adulterado elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Además, la investigación analiza unos 49 casos de pacientes que sobrevivieron pero sufrieron secuelas graves.
En paralelo, en la provincia de Buenos Aires avanzó un segundo proyecto con eje en la reparación económica y sanitaria para las víctimas. La iniciativa fue impulsada por el diputado bonaerense Christian Castillo y propone crear una pensión graciable, vitalicia y mensual para personas afectadas por el fentanilo adulterado y para familiares de quienes murieron tras recibir el medicamento adulterado.
El texto establece que podrán acceder al beneficio quienes acrediten daños graves, secuelas permanentes o deterioro significativo de la salud derivados de la administración del citrato de fentanilo adulterado. También contempla a familiares directos de las víctimas fatales, con prioridad para cónyuges, convivientes, hijos menores o con discapacidad y, en determinados casos, padres económicamente dependientes.
Además de la asistencia económica, el proyecto bonaerense prevé cobertura médica a través de IOMA, acompañamiento psicológico y social, tratamientos de rehabilitación y la creación de un Registro Provincial de Víctimas y Familiares. El Ministerio de Salud bonaerense sería la autoridad de aplicación, mientras que el IPS tendría a cargo el pago de las pensiones.
En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que la tragedia expuso “fallas estructurales” en los controles sanitarios y en los mecanismos de fiscalización estatal. También se remarca que las ampollas adulteradas contenían bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia picketti, responsables de las infecciones detectadas en pacientes internados.
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