El Senado rechazó los vetos del presidente Javier Milei y restituyó dos leyes claves sobre financiamiento universitario y salud pediátrica.
En una sesión legislativa que marcó un nuevo revés para el Gobierno, el Senado de la Nación rechazó este jueves los vetos impuestos por el presidente Javier Milei a dos leyes fundamentales: la que asegura el financiamiento y la recomposición salarial en las universidades públicas, y la que declara la emergencia en salud pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema.
Ambas normas habían sido sancionadas previamente por el Congreso, pero vetadas parcialmente por el Ejecutivo. Con el rechazo de los vetos, los textos legales recuperan plena vigencia y se transforman en una fuerte señal política contra el ajuste impulsado por el gobierno nacional.
Docentes de la UNLP convocaron a movilizar al Congreso este jueves para exigirle a los Senadores que rechacen el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
Docentes, estudiantes y trabajadores de todo el país se movilizaron en la tercera Marcha Federal Universitaria y Diputados rechazó el veto de Javier Milei.
El tratamiento de los vetos se realizó en conjunto, aunque la votación fue por separado. La Ley de Emergencia Pediátrica fue aprobada nuevamente con 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones (Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala, del PRO). Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario obtuvo 58 votos positivos, 7 negativos y 4 abstenciones, sumándose a las del PRO la radical Carolina Losada.
Ambas iniciativas superaron los dos tercios necesarios para insistir en la sanción original, con la vicepresidenta Victoria Villarruel presidiendo la sesión.
La ley declara la emergencia en el sistema de atención pediátrica en todo el país y establece la asignación prioritaria e inmediata de fondos para insumos críticos, medicamentos, infraestructura, vacunas, equipamiento médico y personal especializado.
Además, contempla una recomposición salarial para el personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, que trabaje con población pediátrica. Esa recomposición no podrá ser inferior al salario real percibido en noviembre de 2023, e incluye también a los residentes de todas las especialidades médicas.
Uno de los puntos más destacados es la exención del Impuesto a las Ganancias para el personal de salud que cumpla funciones críticas, haga horas extras o guardias. Esta medida podría generar controversia con otros sectores que podrían reclamar el mismo trato fiscal.
Como símbolo de la ley, se declara al Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan" como centro nacional de referencia en atención pediátrica de alta complejidad. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma tendrá un impacto fiscal de $65.573 millones en el segundo semestre del año.
En el caso de las universidades públicas, la ley restituida establece una actualización de los gastos de funcionamiento a partir del 1 de enero de 2025, basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre mayo y diciembre de 2024.
Para lo que resta de 2025, el texto prevé incrementos bimestrales, y además obliga al Ejecutivo a recomponer los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje no menor a la inflación acumulada en ese mismo período.
Otro punto clave es la convocatoria obligatoria a paritarias cada tres meses como máximo, con actualizaciones mensuales que no podrán estar por debajo del índice inflacionario oficial. Esta cláusula había sido criticada por algunos legisladores oficialistas, pero fue ampliamente respaldada por la mayoría del Senado.