*Por María Eugenia Zamarreño
martes 30 de septiembre de 2025
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Hay un dato que debería entusiasmar: en Argentina, casi el 40% del padrón tiene menos de 26 años, cuatro de cada diez votantes son jóvenes.
*Por María Eugenia Zamarreño
Hay un dato que debería entusiasmar: en Argentina, casi el 40% del padrón tiene menos de 26 años. Cuatro de cada diez votantes son jóvenes, un bloque que en teoría podría definir cualquier elección. Pero cuando pasamos de la teoría a la práctica, ese potencial se reduce de manera llamativa.
Está prohibido sacarle foto con el celular a la BUP mientras se vota y quienes sean pescados por las autoridades de mesa deberán pagar una sanción.
En el marco de las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, en las que por primera vez se utilizará la Boleta Unica Papel (BUP), circula en redes sociales un video que advierte que en los comicios habrá lapiceras que “se borran con calor” para poder cambiar los votos y cometer un supuesto fraude. Esto es falso. La normativa vigente en la Argentina establece que las biromes entregadas por las autoridades de mesa en los comicios deben ser indelebles y este criterio fue aplicado en el proceso de compra de los bolígrafos para estos comicios. Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE) desmintieron el contenido viral. Esta desinformación ya circuló en otros países de América Latina, como México y Colombia, durante procesos electorales con sistemas de votación similares.
Entre los más jóvenes, el contraste es evidente. En las PASO de 2023 solo votó el 41,8% de quienes tenían 16 y 17 años. En la legislativa de 2021 habían sido el 45,3%, y en la presidencial de 2019, un 50,9%. La curva viene en caída, y, aunque el voto en esa franja es optativo, la magnitud de la baja participación muestra un desequilibrio: hay un poder electoral enorme que todavía no logra traducirse en injerencia política real. Lo rápido suele ser culparlos de “apatía” o “desinterés”, sin embargo, la evidencia apunta a otra cosa.
Foros internacionales —desde Naciones Unidas con su Youth Strategy, hasta la Estrategia de Juventud de la Unión Europea (2019-2027) o la Agenda 2063 de la Unión Africana— coinciden en el mismo diagnóstico: los y las jóvenes no participan menos por falta de ganas, sino porque se enfrentan a barreras altas. Partidos poco abiertos, campañas que hablan en un idioma ajeno, instituciones que los responsabilizan por ausencias que en realidad son estructurales.
El Global Youth Participation Index (GYPI, 2024) lo dice con claridad: la exclusión juvenil es un “fallo de diseño institucional”, no una falla generacional. Los números globales refuerzan la idea, según el GYPI, en 28 países directamente no hay jóvenes en las cámaras bajas de sus parlamentos, y más de 75 naciones tienen puntajes muy bajos en acceso a la vida cívica y política, es decir, lo que vemos en Argentina no es una excepción, sino parte de un patrón mundial: una generación movilizada, con energía y agenda propia, que choca contra reglas de juego que siguen cerradas, el problema es que esa energía rara vez encuentra canales efectivos en la política institucional.
La boleta puede estar disponible, pero el mensaje que la acompaña no siempre logra interpelar, y, en cambio, cuando se habilitan espacios atractivos y pedagógicos, la respuesta juvenil es masiva. La semana pasada, el Modelo ONU La Plata 2025, por ejemplo, reunió a más de 2.000 estudiantes de unos 110 colegios, consolidándose como una simulación educativa masiva, esta misma experiencia en 2023 habían tenido una inscripción de alrededor de 1.500 estudiantes de más de 16 años.
La curva va en alza y confirma algo obvio: cuando hay canales adecuados, la juventud participa. El desafío está planteado. Hace falta un esfuerzo sostenido de campañas pedagógicas, espacios reales de representación juvenil en partidos y un debate público que deje de tratar a los jóvenes como un “problema” y los reconozca como lo que son: la condición de posibilidad de cualquier futuro democrático.
*Politóloga, investigadora asociada de CIPPEC y docente en universidades nacionales. Especialista en transparencia, evaluación de políticas públicas y gobernanza democrática.