La denuncia fue presentada por cuatro abogados de La Plata quienes solicitaron a la Justicia que declare la nulidad del DNU 179/2025.
El juez Federal Daniel Rafecas quedó a cargo de la denuncia que pesa sobre el presidente Javier Milei, el ministro Federico Sturzenegger y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, según confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
Se trata del expediente abierto tras la denuncia impulsada por cuatro abogados de La Plata que solicitaron la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 179/2025, aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, que habilitó un nuevo endeudamiento con el organismo de crédito.
El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad dieron una conferencia en Expoagro y el mandatario convalidó el brutal operativo en el Congreso.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una feroz crítica contra Javier Milei en redes: "Mandás a apalear viejos y fusilar a un fotógrafo".
La denuncia argumenta que el decreto vulnera la Constitución Nacional y la legislación vigente sobre endeudamiento público, permitiendo al Poder Ejecutivo acordar préstamos con el FMI sin la intervención del Congreso. Según los denunciantes, esto infringe el Artículo N° 75, incisos 4 y 7 de la Constitución, que establece que es el Congreso quien debe aprobar la toma de deuda.
Uno de los principales cuestionamientos recae sobre el platense Sturzenegger. Los abogados sostienen que su rol como integrante del "Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento" del FMI lo coloca en una posición de conflicto de intereses, ya que participa en ambas partes de la negociación: como funcionario del Gobierno argentino y como asesor del organismo internacional.
Este doble rol, según la denuncia, podría vulnerar la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, que obliga a los funcionarios a evitar situaciones en las que sus intereses personales puedan interferir con el ejercicio de sus funciones. También mencionan el Código de Conducta del FMI, que prohíbe a sus asesores realizar actividades que puedan comprometer la transparencia o imparcialidad del organismo.
La denuncia penal menciona la posible comisión de varios delitos, entre ellos:
Además, los abogados solicitan investigar si existió un plan sistemático para beneficiar al FMI en detrimento de Argentina, lo que podría derivar en acusaciones aún más graves.
La presentación judicial fue realizada por los abogados Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta.
Además de Milei y Sturzenegger, la denuncia involucra a Kristalina Georgieva, quien habría promovido la designación de Sturzenegger en el FMI mientras se llevaban a cabo las negociaciones con Argentina. También se menciona al ministro de Economía, Luis Caputo, por su participación en los acuerdos financieros.
La denuncia se suma a otros conflictos judiciales que enfrenta la administración de Milei, en un contexto de creciente tensión política y social por el rumbo económico del país. Mientras el Gobierno defiende la necesidad del DNU para garantizar estabilidad financiera, los denunciantes advierten sobre una maniobra que elude los controles democráticos y compromete la independencia económica de Argentina.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si el decreto es constitucional y si existieron irregularidades en su implementación. Un fallo en contra del Ejecutivo podría significar un duro golpe para su estrategia de negociación con los organismos financieros internacionales.