A través de un decreto, el Ejecutivo redujo a 0% las retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y derivados. La medida regirá hasta el 31 de diciembre.
El Gobierno nacional suspendió las retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y otros derivados, fijando una alícuota del 0% hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que los países de destino reduzcan sus aranceles de importación por debajo del 45%, lo que ocurra primero.
La medida fue oficializada mediante el decreto 726, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y forma parte de una política orientada a estimular las exportaciones industriales y generar condiciones más favorables para el comercio exterior.
El ministro de la Provincia, Carlos Bianco, cuestionó la decisión nacional de bajar a cero las retenciones hasta el 31 de octubre.
El gobierno nacional anticipó que apelará ante la Justicia si no se acepta la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires.
Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión apunta a fomentar la competitividad de la industria siderúrgica y metalúrgica, uno de los sectores más afectados por las trabas comerciales internacionales. “El objetivo es incentivar las ventas externas y acompañar la reactivación productiva”, indicaron fuentes oficiales.
Además, el decreto instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a confeccionar un listado de los países que aplican aranceles de importación iguales o superiores al 45% sobre estos bienes, así como a actualizarlo cada vez que se produzcan cambios.
El beneficio alcanza una amplia gama de productos siderúrgicos y metalúrgicos, entre ellos:
El Gobierno sostuvo que la rebaja arancelaria temporal busca mejorar la inserción internacional de la industria argentina, reducir los costos de exportación y fortalecer la producción nacional frente a los altos gravámenes que imponen algunos mercados internacionales.
La resolución permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se formalice una reducción de los aranceles externos que justifique la revisión del beneficio.