La SIDE asumió nuevas atribuciones luego de un DNU del Gobierno que reformó la ley vigente y reorganizó áreas sensibles.
El Gobierno avanzó con una reforma integral de la SIDE mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial. La medida modificó la Ley 25.520 y redefinió el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, con cambios estructurales, nuevas competencias y mayor centralización operativa.
El decreto reorganizó la estructura interna de la SIDE, eliminó áreas, reasignó funciones y fortaleció su capacidad de conducción. Desde ahora, el organismo controla de forma directa todo el sistema de inteligencia, con atribuciones para aprobar presupuestos, incluidos los gastos reservados, y requerir información a organismos nacionales y provinciales.
Tras el escándalo por los audios con pedidos de coimas filtrados, el Gobierno disolvió la ANDIS y aseguró que no se recortarán prestaciones.
El Gobierno avanza con un esquema que apunta a vender más de diez compañías públicas el próximo año, con foco en transporte, energía y servicios estratégicos.
Uno de los puntos centrales del DNU estableció que todas las actividades de inteligencia serán consideradas "encubiertas". El Gobierno justificó la decisión por la sensibilidad de la información y la necesidad de reducir riesgos estratégicos para Argentina, según los fundamentos incluidos en la normativa publicada.
El texto también habilitó a los agentes de inteligencia a "aprehender" personas en situaciones de flagrancia o por orden judicial. En esos casos, el decreto indicó que deberán dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes, sin asumir funciones policiales permanentes.
La reforma disolvió la Agencia de Seguridad Nacional y creó la Agencia Nacional de Contrainteligencia. El nuevo organismo tendrá como misión prevenir espionaje, sabotaje, injerencias externas y operaciones de influencia que afecten el orden constitucional o intereses estratégicos en todo el sector público nacional.
En el plano digital, el decreto separó ciberseguridad de ciberinteligencia. El Centro Nacional de Ciberseguridad pasó a depender de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad se transformó en Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE y enfocada en el ciberespacio.
Otro cambio relevante fue la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Desde ahora, toda la inteligencia estratégica militar quedó bajo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de evitar superposiciones y simplificar la estructura operativa del área.
El DNU creó dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional. Ambas reunirán a Fuerzas Armadas, seguridad, la Unidad de Información Financiera, Migraciones y otros organismos, para producir y compartir información estratégica.
Por último, el decreto modificó el sistema de designación de autoridades. La facultad de nombrar y remover titulares de organismos desconcentrados pasó del Poder Ejecutivo al secretario de Inteligencia. Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca modernizar el sistema y fortalecer controles en todo el país, incluida la Ciudad de Buenos Aires.