Por decisión de Federico Sturzenegger, el Gobierno despidió a 100 trabajadores de la Defensoría del Público, reduciendo su personal y sus funciones.
El Gobierno nacional anunció un drástico ajuste de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA) y confirmó el despido de 100 trabajadores estatales, por lo que el organismo pasará a contar solo 40 empleados.
La medida, que fue informada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, el platense Federico Sturzenegger, y tiene como objetivo reducir los costos y reestructurar la entidad.
Sin acuerdo entre empresas y sindicatos, el Ejecutivo fijó un aumento escalonado de los salarios mínimos, que alcanzarán $296.832 en marzo de 2025.
El presidente Javier Milei avisó meses atrás que seguirá echando estatales para achicar el gasto público. Gremios en alerta piden por la renovación de esos contratos.
El economista justificó la decisión al señalar que la DPSCA fue creada en 2009 por el kirchnerismo con el fin de "doblegar al periodismo independiente". Según el ministro, el organismo se dedicaba a recoger denuncias, muchas de ellas repetidas, contra periodistas críticos al Gobierno y su funcionamiento resultó ser costoso para los argentinos, con un gasto de 70 millones de dólares hasta la fecha.
El funcionario también criticó otros aspectos del organismo, como la existencia de un estudio de televisión portátil que recorría la costa en verano, promoviendo un "adoctrinamiento" contra los opositores al kirchnerismo.
De esta manera, la Resolución N° 107 reduce la planta de empleados de 144 a 40 y elimina estructuras consideradas innecesarias, como el estudio de televisión; para restringir el uso político de la Defensoría.
La Defensoría del Público, que está bajo la dirección de Soher El Sukaria, depende del Poder Legislativo. En este contexto, Sturzenegger destacó los esfuerzos del diputado Martín Menem para reducir los gastos políticos en el Congreso. Además, señaló que el área albergaba una gran cantidad de "militancia rentada" y que aproximadamente la mitad de sus empleados provenían del partido de La Matanza.
El ministro dejó abierta la puerta a nuevas reformas al afirmar que el Congreso de la Nación debe debatir si este tipo de instituciones deben continuar existiendo. La reestructuración de la DPSCA es parte de una serie de cambios en el gobierno para reducir el gasto público y optimizar las estructuras estatales.