El presidente Javier Milei avisó meses atrás que seguirá echando estatales para achicar el gasto público. Gremios en alerta piden por la renovación de esos contratos.
A la espera que se terminen los “exámenes de idoneidad” que deben enfrentar los empleados estatales nacionales, entre los gremios crece la incertidumbre porque el 31 de diciembre caducarán alrededor de 50.000 contratos y el Gobierno de Javier Milei no dio pistas sobre qué pasará.
Pese a que aún no se definió la continuidad o la baja de los estatales, por los dichos del propio Milei se prevé un fuerte recorte, en línea con lo que sucedió la semana pasada en el Ministerio de Justicia, que echó a 2.400 personas, en Trenes Argentinos 1.388 y los más de 800 despidos en la ex AFIP.
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete informó que mejoró el desempeño de las ventas navideñas, aunque no lograron superar las del año pasado.
“El ajuste significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad y eso redujo la estructura del Estado a la mitad. No fue gratis porque obviamente que echamos gente. En materia de contratos,vamos a terminar echando 75 mil personas, llevamos 25 mil”, dijo Milei en junio.
Según el gremio estatal ATE, la administración libertaria ya avanzó con casi 30.000 despidos. Es decir, si la amenaza del Presidente se traslada a los hechos, serán muy pocos los contratos de ese universo de 50.000 que se terminan los que se renueven en 2025.
En este contexto, tanto ATE, liderado por Rodolfo Aguiar, como UPCN de Andrés Rodríguez, reclamaron la renovación automática de todos los vínculos y una recomposición salarial de emergencia. “Es imperiosa la necesidad de que se reabran las negociaciones antes de fin de año. El ajuste aplicado en el sector público durante el 2024 destruyó todos los salarios”, dijo Aguiar, al tiempo que señaló que “el 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos”.
La falta de certezas sobre el futuro laboral generó incertidumbre entre los trabajadores estatales. Desde ATE advirtieron que, de no obtener respuestas, se podrían convocar a acciones en defensa de los puestos de trabajo, al tiempo que pidieron que se priorice el diálogo para resolver la crisis en el sector público. Ya se habla de un eventual paro sectorial para la primera quincena de enero.