El Gobierno de Javier Milei descarta judicializar la ley de discapacidad y evalúa suspenderla por decreto. Busca ganar tiempo hasta el Presupuesto 2026.
Tras el rechazo legislativo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia en el Hospital Garrahan, el Gobierno de Javier Milei busca frenar también el aumento en discapacidad. La estrategia oficial apunta a suspender su aplicación por decreto, alegando impacto fiscal y postergando la ejecución presupuestaria hasta 2026.
La estrategia que tomó fuerza en los equipos técnicos oficiales busca ganar tiempo en la Justicia y evitar el gasto inmediato que impone la ley. La intención es postergar la erogación hasta el Presupuesto 2026, cuya aprobación depende del Congreso. En el Ejecutivo reconocen que esperan que las demandas provengan de particulares, para que los procesos judiciales se fragmenten y se dilaten.
Se trata de un proyecto clave para definir el rumbo económico del Gobierno, tras la derrota que sufrió en las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
La definición está en manos de la llamada mesa judicial de la Casa Rosada, integrada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; y sus equipos de abogados. También participa la Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago Castro Videla; en coordinación con los asesores presidenciales.
Los argumentos oficiales se apoyan en el impacto fiscal de la medida y en el Artículo N°38 de la Ley de Administración Financiera, que exige detallar las fuentes de recursos para cualquier gasto no previsto en el Presupuesto general.
Según reveló el sitio TN.com.ar, en la Casa Rosada aseguran que quedó descartada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), al considerar que la autoconvocatoria del Senado fue "ilegal". El oficialismo había evaluado escudarse en el Artículo N°32 del reglamento de la Cámara alta, que otorga al presidente la potestad de convocar sesiones.
El Gobierno insiste en que la Ley de Presupuesto es la herramienta central para ordenar y planificar el gasto público y que solo la Nación puede definirlo junto al cálculo de los recursos.
Aunque el vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado que se analizaba un aumento en las prestaciones de discapacidad, en el oficialismo confirman que no habrá cambios hasta que se resuelva el frente judicial.
Para el constitucionalista Marcelo Bermolén, la única vía para suspender la ley sería un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que califica como "altamente judicializable". Según explicó, esa alternativa le permitiría al Gobierno ganar tiempo, ya que los jueces podrían fallar de manera dispar frente a demandas individuales, forzando a que las cámaras intervengan.
De esta manera, el oficialismo apuesta a demorar la aplicación del aumento mientras refuerza sus fundamentos legales y evita que el costo fiscal impacte de inmediato en las cuentas públicas.