El Gobierno busca modificar la Ley de Financiamiento Universitario para reducir su impacto fiscal, tras el fallo que le ordena pagar $2,5 billones.
En simultáneo con la decisión de llevar el conflicto a la Corte Suprema, el Gobierno argentino busca avanzar ahora en el Congreso con un proyecto propio para modificar la Ley de Financiamiento Universitario. El objetivo es evitar el fuerte impacto fiscal que implicaría cumplir con la norma vigente, ya ratificada por la Justicia.
La iniciativa había sido presentada en febrero durante las sesiones extraordinarias, pero nunca llegó a tratarse. En ese momento, el oficialismo priorizó la reforma laboral y postergó el debate, a pesar de contar con un escenario legislativo más favorable. Ahora, con dos fallos en contra que obligan al Estado a desembolsar $2,5 billones para las universidades, el proyecto vuelve a escena. Aunque todavía no hay fecha definida para su tratamiento en comisiones, en el bloque de La Libertad Avanza (LLA) anticiparon que el tema será retomado en breve.
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La demora en el tratamiento del proyecto generó tensiones dentro del oficialismo. En el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo cuestionan al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por no haber impulsado la iniciativa a tiempo, lo que, según sostienen, derivó en un costo fiscal mayor tras el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
"Antes del fallo de segunda instancia había posibilidades de negociar una reforma de la ley de financiamiento: obviamente al Gobierno le convenía y a las universidades también porque, por entonces, no había certezas de que la Justicia fallara a su favor. Ahora ya es tarde", señalaron cerca de Caputo al diario La Nación. En el entorno de Menem, por su parte, relativizan las críticas y aseguran que el proyecto no avanzó porque no estaban garantizados los votos necesarios en Diputados.
En paralelo, las gestiones que el propio Caputo había iniciado con rectores tampoco prosperaron. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) nunca respaldó la propuesta oficial y, tras el fallo favorable en segunda instancia, el margen para negociar una reforma parece aún más acotado.
El proyecto del Gobierno introduce modificaciones en aspectos sensibles de la ley vigente: en materia salarial, propone reconocer únicamente la pérdida correspondiente a 2025, dejando afuera la recomposición de 2024 que sí contempla la norma actual. Esa actualización se realizaría en tres tramos del 4,1%, a pagarse en marzo, julio y setiembre, tomando como base los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2025. Además, plantea convocatorias a paritarias cada tres meses, aunque sin obligación de ajustar los sueldos según la inflación.
En cuanto a los gastos de funcionamiento, la iniciativa también difiere del esquema aprobado por el Congreso. Mientras la ley vigente exige recomponer las partidas afectadas por la inflación en los últimos 2 años, el proyecto oficial omite ese período y establece que solo habrá actualización si la inflación anual supera el 14,5%. Como contrapartida, el texto incluye una recomposición de poco más de $80.000 millones destinada al sistema de salud universitario, un punto que no había sido contemplado en la normativa actual.
Con este escenario, el oficialismo intenta ganar tiempo en el frente parlamentario mientras avanza en la disputa judicial, en un contexto donde las universidades cuentan con fallos favorables y el margen de negociación política aparece cada vez más limitado.