La Cámara aceptó un recurso del Ministerio de Capital Humano y dejó en suspenso las sanciones económicas contra Diego Santilli por la cautelar universitaria.
La Justicia suspendió provisoriamente las multas al Gobierno por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización de los salarios docentes y no docentes. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal tomó la decisión tras aceptar un recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano.
La resolución dejó en pausa las sanciones económicas que habían sido dispuestas contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
Manifestantes y efectivos de la Gendarmería protagonizan incidentes durante la quinta Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso.
La sanción económica dictada por el juez Martín Cormick se mantendrá por cada día que continúe el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El miércoles, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick había establecido una multa de $100.000 por día contra el funcionario. La sanción buscaba que el Estado cumpliera con la actualización de los haberes universitarios y garantizara los fondos destinados a las becas estudiantiles.
La decisión de la Sala III se conoció este jueves, luego de que las autoridades legales del Ministerio de Capital Humano presentaran una queja para cuestionar la aplicación de las multas. El Gobierno argumentó que la medida cautelar ya se encontraba cumplida y pidió que la apelación tuviera efecto suspensivo.
La orden judicial exige adecuar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre enero de 2023 y julio de 2025. De acuerdo con los parámetros establecidos, esa recomposición representaría un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
Además, la normativa contempla actualizaciones mensuales de los haberes en función de la inflación y la recomposición de las becas estudiantiles. Cormick consideró que el Estado no había acreditado el cumplimiento de esas obligaciones, motivo por el cual avanzó con la aplicación de sanciones económicas.
El magistrado había otorgado inicialmente un plazo de cinco días para implementar la ley, el 22 de septiembre, bajo apercibimiento de imponer astreintes. Frente a la falta de cumplimiento que consideró acreditada, dispuso la multa diaria contra Santilli y advirtió que podía modificar tanto el monto como la lista de funcionarios alcanzados.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había reclamado la aplicación de las sanciones al sostener que el Estado “continúa sin cumplir la medida cautelar”. La entidad recordó que la decisión judicial había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026.
Desde la administración nacional sostuvieron que los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 acumularon una suba del 226,80% en los salarios universitarios. Según el cálculo oficial, ese porcentaje supera el 226,40% que correspondía al período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, de acuerdo con su interpretación. La cuenta incluyó un incremento del 21,33% aplicado en junio de 2026.
El Ejecutivo también cuestionó el alcance de la orden judicial por considerar que obliga a realizar pagos sin establecer con precisión las sumas adeudadas ni el monto necesario para dar por cumplida la medida. En ese sentido, argumentó que la obligación impuesta representa una carga económica indeterminada para el Estado.
Otro de los planteos oficiales fue que el 21 de septiembre se había presentado un informe sobre las acciones adoptadas para cumplir con la cautelar. Sin embargo, Cormick había rechazado el pedido para que la apelación suspendiera sus efectos, además de desestimar un planteo de reposición presentado por el Gobierno.
La discusión judicial se mantiene abierta mientras la Cámara analiza el expediente principal, en el que se debate la validez del decreto 759/2025, que condicionó la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La suspensión de las multas no implica, por sí misma, que la cautelar haya quedado sin efecto.
