Miles de estudiantes y docentes marcharon al Congreso por el financiamiento universitario. La represión y los incidentes obligaron a terminar antes la jornada.
La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo su jornada central este jueves con una movilización al Congreso de la Nación para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionar la política educativa del gobierno de Javier Milei. La protesta reunió a estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y organizaciones gremiales y políticas.
El reclamo apuntó a que el Gobierno implemente la norma, que contempla actualizaciones para los salarios del personal universitario, las becas y los fondos destinados al funcionamiento de las casas de estudio. Desde el sector sostienen que, pese al respaldo legislativo y los avances judiciales, la ley continúa sin aplicarse.
Manifestantes y efectivos de la Gendarmería protagonizan incidentes durante la quinta Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso.
La Cámara aceptó un recurso del Ministerio de Capital Humano y dejó en suspenso las sanciones económicas contra Diego Santilli por la cautelar universitaria.
La convocatoria contó con la participación de las centrales sindicales CGT y CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), agrupaciones estudiantiles y distintos espacios políticos. La movilización volvió a mostrar la amplitud del frente que reclama cambios en la política universitaria del Gobierno nacional.
Podés ampliar los dos subtítulos con los datos del documento universitario y las declaraciones de Alejandra Monteoliva, manteniendo el tono periodístico de 0221.com.ar y diferenciando los reclamos de los organizadores de la postura del Gobierno.
Durante la quinta Marcha Federal Universitaria, la comunidad educativa reclamó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió sobre el deterioro de los salarios, las becas y los presupuestos destinados al funcionamiento de las casas de estudio. El documento difundido por los organizadores sostuvo que el incumplimiento de la norma pone en riesgo la continuidad de las actividades académicas, científicas y de extensión.
En materia salarial, los gremios denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo de docentes y no docentes y cuestionaron la falta de avances en las negociaciones paritarias. También reclamaron la actualización de las becas estudiantiles, entre ellas las Progresar, cuyo monto —según el documento— permanece congelado en $35.000 desde 2024. Para los convocantes, la falta de actualización de estas ayudas dificulta que miles de jóvenes puedan sostener sus estudios.
Otro de los puntos centrales fue el financiamiento previsto para los próximos años. Los organizadores advirtieron que el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo no contempla las partidas necesarias para cumplir con la ley ni recuperar las pérdidas acumuladas. En contraposición, señalaron que la propuesta presupuestaria elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) requiere un incremento del 33,4% respecto del proyecto oficial para las universidades nacionales.
El documento también alertó sobre el impacto de la desinversión en el sistema científico y tecnológico, con menos becas, dificultades para financiar proyectos y una pérdida de investigadores jóvenes. En ese contexto, los convocantes plantearon que la discusión ya no pasa solamente por ampliar las capacidades del sistema universitario, sino por garantizar las condiciones mínimas para sostener su funcionamiento.
La jornada también estuvo marcada por momentos de tensión frente al Congreso, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales. Durante los incidentes, los efectivos utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante, en un operativo que derivó en detenciones y obligó a interrumpir antes de lo previsto la actividad prevista en el lugar.
Tras los hechos, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se pronunció a través de su cuenta oficial de X y responsabilizó a los manifestantes que protagonizaron los enfrentamientos. "Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada", escribió, junto a un video de los incidentes.
En la misma publicación, la funcionaria sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita el ejercicio de la violencia y advirtió que quienes agredan a efectivos, dañen bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. Sus declaraciones se conocieron en medio de las críticas de los organizadores a la intervención de las fuerzas federales durante la movilización.
La protesta se desarrolló, además, en una jornada de disputa política en el Congreso, donde sectores de la oposición buscaban avanzar con iniciativas contra medidas del Gobierno nacional. Así, el reclamo por el financiamiento universitario quedó atravesado por dos ejes centrales: la exigencia de que se cumpla la ley y la tensión generada por el operativo de seguridad frente al Parlamento.
