El gobierno de Javier Milei condenó el ataque de Irán a Israel y rechazó la designación de Ahmad Vahidi, imputado por el atentado a la AMIA, como comandante militar.
El gobierno argentino expresó un fuerte repudio al ataque terrorista perpetrado por Irán contra Israel y también cuestionó la reciente designación del militar Ahmad Vahidi como comandante interino de la Guardia Revolucionaria Islámica. Vahidi fue acusado de participar del atentado a la AMIA.
Mediante un comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina, el Ejecutivo calificó el ataque como "vil" y denunció que se trató de un lanzamiento masivo de misiles y drones contra población civil. Además, volvió a exigir justicia por el atentado a la mutual israelita de 1994, en el que murieron 85 personas.
La Oficina Anticorrupción concluyó que la publicación de Javier Milei sobre el “Viva la Libertad Project” no constituyó una acción oficial para $Libra.
El exsecretario de Comercio expondrá junto a Julio Alak sobre el rol de las élites y la crisis estructural del país el Instituto de Capacitación Política (ICP).
La declaración del Gobierno también apuntó directamente contra Vahidi, uno de los principales acusados por el ataque a la mutual judía en Buenos Aires, quien se encuentra con pedido de captura internacional desde 2007 y tiene alerta roja de Interpol.
Según el comunicado, Vahidi tiene una trayectoria militar "vinculada a operaciones terroristas" y fue señalado por la investigación del fiscal Alberto Nisman como uno de los responsables de aprobar el atentado en suelo argentino con motivación política.
El gobierno de Javier Milei recordó en el comunicado que la Unidad Fiscal AMIA pidió avanzar con la “instrumentación del juicio en ausencia” para permitir que la Justicia argentina continúe con el proceso contra Vahidi y otros acusados por el atentado más grave de la historia del país.
"El nombramiento de Ahmad Vahidi constituye una provocación inaceptable hacia la Argentina y hacia todos los pueblos libres que defienden la vida y condenan el terrorismo", afirmaron desde el Gobierno. Y concluyeron: "La memoria de nuestros 85 asesinados exige que los responsables rindan cuentas, sin privilegios ni amparos internacionales".