El presidente Javier Milei se prepara para avanzar con una batería de decretos que apuntan al cierre y la reestructuración de organismos estatales, en el marco del proceso de reducción del Estado que impulsa su gestión. El plazo límite será el 8 de julio, fecha en la que expiran las facultades delegadas que le otorgó la Ley Bases.
Entre las medidas más relevantes figuran reformas profundas en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que podrían incluir despidos, venta de inmuebles y una reorganización de su estructura interna.
También se encuentran en la mira el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), -en principio se habló de una fusión con el INTA- el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Instituto Nacional del Cáncer (INC), cuya desregulación aún no fue reglamentada.
En la Casa Rosada ya tendrían listos al menos trece decretos para la firma presidencial. Según fuentes oficiales, estas disposiciones del gobierno buscarán profundizar el recorte del gasto público, centralizar funciones estatales y avanzar con despidos y ajustes en la administración pública.
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El gobierno de Javier Milei prepara unos 13 decretos para avanzar con la reestructuración de organismos claves como el INTA, INTI, ANMAT.
Organismos en revisión y ajuste en ciencia
Las reformas más extensas alcanzarán a las carteras de Salud, Capital Humano y Economía. A pesar del apuro por implementarlas, cada decreto atraviesa un complejo proceso de revisión legal que podría retrasar su ejecución efectiva. Cabe destacar que todos estos organismos son muy importantes para el desarrollo científico en distintas áreas claves como el sector Agropecuario, Tecnológico, Alimenticio y en Salud.
A su vez, desde el Gobierno reconocen que la agenda de anuncios podría verse alterada por el feriado o incluso por una eventual detención de Cristina Kirchner. Mientras tanto, la planta estatal ya se redujo de 322.000 a 292.000 empleados, y se mantiene congelado el salario de funcionarios de alto rango desde diciembre pasado.
Una incógnita clave es qué sucederá con el Ministerio de Desregulación que lidera Federico Sturzenegger, una vez que pierdan vigencia las atribuciones extraordinarias. Aunque podría conservar un rol asesor, su margen de acción quedaría notablemente limitado.