La medida alcanza a los contratos que vencieron el 31 de diciembre. Será la última prórroga. Deberán rendir el examen de idoneidad para ver si siguen o no.
El gobierno de Javier Milei finalmente decidió renovar los contratos de unos 40 mil empleados públicos de la administración nacional, aunque solo por tres meses a la espera de que realicen el examen de idoneidad.
La medida alcanza a los agentes que no integran la planta permanente, quienes deberán realizar el examen dispuesto por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para pasar a un régimen de mayor estabilidad.
Según indicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, la mayorías se dio en la administración nacional centralizada y descentralizada.
El presidente Javier Milei evitó pronunciarse sobre el fallecimiento de Jorge Lanata. En su lugar, Amalia "Yuyito" González respondió con un insólito mensaje.
Desde que asumió, la gestión de Javier Milei viene renovando estas contrataciones de forma precaria, cada tres meses, para definir qué porción de los trabajadores mantiene su puesto y cuáles son despedidos. La nueva prórroga durará hasta fines de marzo.
En la actualidad, alrededor de 40 mil trabajadores siguen contratados bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional que establece regímenes por un tiempo determinado por servicios transitorios o estacionales. Todos concluyeron su contrato el 31 de diciembre, pero se los renovaron hasta el 31 de marzo.
Se espera que esta sea la última prórroga, ya que se dispuso que todos deberán rendir la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, un “examen de idoneidad” con un cuestionario dividido en tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública. Hasta ahora rindieron el examen 14 mil empleados y el 95% aprobó.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que no son 40 mil sino más de 55 mil los empleados a los que se les venció su contrato el 31 de diciembre. Contabilizan también los monotributistas bajo locación de servicios y los 2.400 empleados que dependían de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor. El Gobierno ya anunció que va a desvincular a los trabajadores que tengan un convenio a través de ACARA.
En ATE señalaron que con el cambio de año “se detectaron los primeros despidos en el Ministerio de Justicia, en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) -la obra social de los uniformados- y en Parques Nacionales”.
En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, 87 empleados recibieron un mensaje por WhatsApp el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que ya no debían presentarse a trabajar.
En el último Boletín Oficial de 2024, el Gobierno publicó dos nuevos decretos para congelar la plata de la administración nacional y limitar el ingreso de personal nuevo al sector público.
Javier Milei y Sturzenegger firmaron los decretos 1148/24 y 1149/24. Allí se fija que “las entidades del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”. Esa prohibición abarca a las designaciones en las plantas transitoria, las contrataciones bajo el paraguas del “artículo 9°” y las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos. Excepcionalmente, se podrán prorrogar las designaciones transitorias y de contratos firmados el año pasado.
Cualquier alta nueva excepcional en un organismo público deberá estar respaldada por la baja de tres empleados “cualquiera fuera la causal, producidas a partir de una renuncia, jubilación o desvinculación”.