El proyecto refrendado recientemente por Javier Milei busca responder a cuatro desafíos centrales, según informaron desde el Gobierno.
El Gobierno envió al Senado el proyecto de reforma laboral que busca impulsar, según afirma, el empleo registrado, reducir litigios y modificar el esquema sindical. La iniciativa incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir indemnizaciones y redefine aportes de empresas y trabajadores, con reglas orientadas a transparentar el sistema.
El proyecto firmado por el presidente Javier Milei ingresó a la Cámara alta para ser tratado en sesiones extraordinarias y plantea una reconfiguración integral del sistema laboral argentino. Según las autoridades nacionales que elaboraron la iniciativa, la reforma busca responder a cuatro desafíos centrales: crear empleo, aumentar salarios, reducir litigios y bajar impuestos para mejorar la productividad.
El Gobierno impulsa una reforma laboral que endurece sanciones a bloqueos, limita asambleas en horario laboral y agiliza la personería de sindicatos de empresa.
Sera el próximo jueves. Desde la CGT anticipan una demostración de fuerza "contundente". Críticas por la falta de diálogo.
La Casa Rosada sostiene que el marco vigente perjudica en especial a los trabajadores jóvenes: cerca del 50% de quienes están en actividad tiene menos de 35 años y se encuentra en la informalidad. Por eso, el texto promueve cambios en contratos, convenios colectivos, justicia laboral, cargas patronales e incentivos a la inversión.
Uno de los puntos más relevantes es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, destinado a cubrir las indemnizaciones en caso de despido. El proyecto establece que se conformará con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que sirven de base para los aportes patronales al SIPA. Esa suma será administrada por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), aunque su esquema de inversión quedará definido en la reglamentación.
Desde el Ejecutivo remarcaron que el fondo “beneficia mayormente a las pymes”, al evitar que el pago de indemnizaciones provoque quiebras. También aseguraron que tendrá “costo cero tanto para el empleador como para el empleado” y que el Banco Central fijará límites para las inversiones de esos recursos.
El proyecto además incorpora cambios que reducen poder sindical o transparentan su financiamiento. Entre estos, un nuevo ítem en los recibos de sueldo informará cuánto aporta el trabajador y cuánto la empresa a su respectivo gremio. También se elimina la obligación de que las compañías actúen como agentes de retención de las cuotas de afiliación, que solo podrán descontarse con consentimiento expreso y acuerdo entre partes.
Desde el Gobierno señalaron que los sindicatos deberán implementar sus propios sistemas de cobro, pero consideraron que existen múltiples mecanismos digitales que facilitan esa tarea.
Durante la elaboración del texto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvo reuniones semanales con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), de las que también participaron Federico Sturzenegger y María Ibarzábal Murphy. Aunque en algunos puntos hubo acuerdo, en otros no se alcanzó consenso por diferencias políticas.
En el apartado judicial, se refuerza el traspaso de los fueros laborales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires y se precisan criterios para evitar interpretaciones contradictorias. Por ejemplo, el proyecto aclara que el aguinaldo no integra la base de cálculo para las indemnizaciones por despido. Esa definición se tomó tras consultar al ex juez laboral Guillermo Comadira, quien señaló que la medida sigue “la norma mayoritaria en el país”.
Hasta ahora, existía jurisprudencia divergente: en la provincia de Buenos Aires algunos juzgados incluían el aguinaldo en el cálculo, mientras que en la Ciudad se lo rechazaba. Con la reforma, el Gobierno asegura que “no hay más lugar a interpretaciones”.
En el poder Ejecutivo prevén que, si el Congreso aprueba la reforma, aumentará la formalización del empleo privado, lo que generaría mayor recaudación y un sistema más eficiente para avanzar luego sobre cambios previsionales. Sin embargo, no arriesgan pronósticos: “No queremos plantear una cifra que después no se cumpla, queremos ser cautelosos”, explicaron. Según el oficialismo, la nueva normativa hará que más empleadores opten por registrar a su personal.