El Ejecutivo impulsa una importante reforma en la educación primaria y secundaria, que deroga y reemplaza la actual Ley de Educación Nacional.
El Gobierno nacional llevó al Consejo de Mayo el borrador de un proyecto de Ley de Libertad Educativa que busca derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. El texto abarca la "educación básica" y mantiene la Ley de Educación Superior para las universidades.
Entre los ejes principales, la propuesta habilita la educación en el hogar como una de las "formas alternativas de enseñanza", junto con la educación híbrida y a distancia, sin definir una edad mínima. En el caso del home schooling o educación en casa, los aprendizajes se acreditarán mediante "exámenes periódicos".
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El borrador también permite a las provincias ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, siempre de manera optativa y fuera del horario escolar. Además, incorpora la posibilidad de que cada institución diseñe planes de estudio "propios" en función de su ideario, respetando los "contenidos mínimos comunes" definidos a nivel nacional.
La "libertad de contenidos" aparece como un eje central. En ese sentido, el proyecto redefine el rol del Estado que pasa a ser "subsidiario" respecto del de las familias, destacadas como "agente natural y primario de la educación de los hijos".
El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva Ley de Libertad Educativa que deroga y reemplaza la legislación actual
El documento también declara la "esencialidad" de la educación básica, lo que obliga a garantizar la "continuidad mínima" del servicio ante medidas de fuerza y define un piso de 540 horas anuales para nivel inicial y de 720 para primaria y secundaria, por debajo de las 760 y 900 acordadas en 2024 por el Consejo Federal de Educación.
En total, la palabra "libertad" aparece 27 veces en el texto, mientras que "Estado" figura en 22 ocasiones.
En materia de financiamiento, la iniciativa elimina la meta del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) destinada a educación y sostiene que el rol estatal debe ser "complementario". Propone igualar el acceso al financiamiento entre escuelas estatales y privadas e incorpora asignaciones directas para familias o estudiantes mediante becas, vales educativos o créditos fiscales.
La iniciativa elimina la meta del 6% del PBI destinada a educación y sostiene que el rol estatal debe ser "complementario"
Del mismo modo, la propuesta se prevé un "sistema federal de monitoreo" del gasto educativo y evaluaciones periódicas e independientes en cada jurisdicción.
En cuanto a las evaluaciones, el borrador sostiene la continuidad de las pruebas nacionales –actuales Aprender–, pero aumenta su frecuencia: pasarán a ser anuales y censales en el último año de primaria y de secundaria. Además, habilita la publicación de resultados por escuela, aunque sin identificar estudiantes ni docentes.
Otro punto relevante es la ampliación de la "autonomía institucional y pedagógica". Las escuelas podrán definir su régimen de gobierno interno, sus planes de estudio, el uso de recursos y sus políticas de admisión y disciplina. Para las instituciones estatales, se plantea una transición progresiva hacia este esquema.
La reforma impacta en escuelas públicas y privadas del ciclo básico.
El texto crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente y establece que la estabilidad laboral de los docentes estará asociada al desempeño, la formación continua y la ética profesional. También propone evaluaciones periódicas –cada 4 años como máximo– para medir competencias pedagógicas, resultados de aprendizaje y actualización profesional.
El borrador, aún en discusión y confirmado como tal por el Ministerio de Capital Humano, representa una reformulación profunda del sistema educativo vigente, basada en la autonomía institucional, la centralidad de las familias y una redefinición del alcance estatal en la educación básica argentina.