El Ejecutivo reclamó la captura de Ariel García Furfaro y lanzó un ultimátum al juez federal que investiga la adulteración del fentanilo mortal.
El Gobierno de Javier Milei pidió la detención inmediata del dueño del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, conocido como "el señor del fentanilo" y, a través de la vocería presidencial que dirige Manuel Adorni, lanzó un ultimátum al juez federal Ernesto Kreplak: "Si no actúa en los próximos días, lo recusaremos", advirtieron.
El texto oficial acusa directamente a García Furfaro de fabricar el lote de fentanilo contaminado vinculado, hasta ahora, a casi cien muertes. También lo señala por presuntos vínculos con el Estado y con el empresario Lázaro Báez, condenado a prisión por asociación ilícita comercial.
El Ejecutivo evalúa apartar al magistrado por ser hermano de Nicolás Kreplak. La causa por fentanilo contaminado suma 96 muertes y 24 sospechosos.
El juez que investiga las muertes por fentanilo contaminado convocó a la Facultad de Ciencias Exactas y la institución se pronunció en sus redes sociales.
El escrito sostiene además que el empresario "pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario" vendiendo productos al Estado, bajo las gestiones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Además, en la vocería presidencial insinuaron que el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, "son los principales clientes de HLB Pharma", el laboratorio donde se produjeron los lotes adulterados.
El Gobierno describió además a García Furfaro como "un hombre vinculado a Lázaro Báez" y remarcó que "estuvo preso por intento de homicidio" , que escaló su fortuna "de la mano del kirchnerismo".
Por otro lado, ante las acusaciones a la gestión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), las autoridades argentinas señalaron que el laboratorio no era inspeccionado desde febrero de 2020. El Gobierno sostiene que fue la actual administración la que ordenó la inspección que derivó en la inhabilitación del Laboratorio Ramallo, 3 meses antes de la primera muerte por fentanilo contaminado; y asegura que la medida buscó frenar riesgos para la salud pública.
La Casa Rosada hizo énfasis en que el juez que investiga el caso es hermano del ministro de Salud bonaernense. "Ante la evidencia contundente, si no ordena la detención, será recusado", advirtieron en el Gobierno.
Finalmente, el comunicado indicó que "todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado" gracias a la gestión del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones; y reiteraron irán "hasta las últimas consecuencias para asegurar que el responsable termine tras las rejas".
Hasta el momento, además de García Furfaro, hay otras 23 personas bajo sospecha de haber participado en la fabricación o distribución del fentanilo contaminado. Todas fueron alcanzadas por la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes. La determinación sobre sus responsabilidades será tomada una vez concluidos los peritajes, que intentan establecer en qué momento del proceso se produjo la contaminación bacteriana de las ampollas.
La magnitud del caso ha generado un fuerte impacto en el sistema de salud y en el ámbito judicial. Algunos analistas ya lo comparan con la tragedia de Cromañón, por la cantidad de víctimas y la presunta cadena de negligencias que pudo haberla facilitado.