La Casa Rosada reforzó su reclamo por las Islas Malvinas y exigió frenar las actividades hidrocarburíferas en la zona, mientras prepara nuevas acciones.
El Gobierno argentino denunció vuelos ilegales entre las Islas Malvinas y Punta Arenas y ordenó iniciar sanciones contra la empresa Thales UK Limited. La Casa Rosada también intimó al Reino Unido a frenar el proyecto Sea Lion y anticipó un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
A partir de esa situación, Javier Milei instruyó a los organismos correspondientes para iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la compañía. También ordenó avanzar con las gestiones diplomáticas vinculadas con la actividad detectada en la ruta aérea entre el archipiélago y el sur de Chile.
Ante la Asamblea General de la ONU, Javier Milei cuestionó al organismo, reclamó por Malvinas y reafirmó su alianza con Estados Unidos e Israel.
Londres respondió al pedido de Javier Milei en las Naciones Unidas y cuestionó las sanciones contra empresas que explotan hidrocarburos en las Islas Malvinas.
El episodio se produjo luego de que una delegación de empresarios ingleses procedentes de las islas viajara a Punta Arenas para participar de una ronda de negocios con proveedores chilenos. De acuerdo con la información oficial, las gestiones estuvieron relacionadas con la posibilidad de establecer una ruta comercial entre las Malvinas y el sur chileno.
En paralelo, la Casa Rosada intimó al Reino Unido a detener en un plazo de dos semanas las operaciones vinculadas con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La Cancillería y los equipos jurídicos del Gobierno iniciarán además el procedimiento de arbitraje contemplado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El Ejecutivo sostuvo que busca impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos que considera ilegítima y evitar nuevas medidas que puedan profundizar la controversia. Si Londres no cumple con el requerimiento dentro del período establecido, Argentina anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para solicitar medidas provisionales destinadas a preservar sus derechos sobre la plataforma continental.
En un mensaje difundido junto con el comunicado presidencial, Milei afirmó: “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”.
El Gobierno fundamentó su posición en las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, mientras que la segunda insta a ambos países a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúen las negociaciones.
La administración de Milei también invocó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que establece el régimen jurídico de la plataforma continental. Desde la perspectiva argentina, esa normativa alcanza a los yacimientos vinculados con Sea Lion, localizado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
El nuevo cruce diplomático se suma a una serie de declaraciones y medidas relacionadas con la soberanía de las Malvinas. En los últimos días, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que Londres está preparado para defender militarmente el archipiélago frente a una eventual acción argentina.
“Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas”, afirmó el funcionario al diario británico The Sun on Sunday. Al mismo tiempo, señaló que no esperaba un conflicto armado.
Desde el Reino Unido también se confirmó que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en las islas serán reemplazados por unidades Tranche 2 a fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa británico indicó que el recambio estaba previsto con anterioridad a la escalada diplomática.
Por otra parte, el desarrollo de Sea Lion está impulsado por un consorcio integrado por Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, con sede en Israel. Según cálculos de las autoridades británicas citados en el comunicado, la explotación podría representar unos USD 2.000 millones en regalías durante 30 años.
En Argentina, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ya había dispuesto una medida cautelar para que las empresas involucradas se abstuvieran de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en funcionamiento el proyecto. A ese frente judicial se suman ahora las acciones diplomáticas anunciadas por el gobierno nacional, que también busca que Estados Unidos evalúe una eventual mediación, alternativa que requeriría la aceptación del Reino Unido.
