El oficialismo abrirá este miércoles el tratamiento en comisión del proyecto que endurece las sanciones por la explotación de recursos en las Islas Malvinas.
La Cámara de Diputados comenzará el próximo miércoles a debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno el pasado 17 de septiembre y que incluye nuevas medidas vinculadas con las Islas Malvinas.
El tratamiento arrancará a las 12 con un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El cronograma previsto contempla reuniones hasta el martes 6 de octubre, cuando se buscaría avanzar con la firma de los dictámenes.
La iniciativa presentada por Karen Reichardt propone regular criaderos, refugios y hogares de tránsito e incorporar las "cinco libertades" del bienestar animal.
El excapellán Christian Von Wernich condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad solicitó asistir a la visita del Papa a Devoto.
La iniciativa plantea modificaciones sobre el régimen vigente para sancionar la explotación y el aprovechamiento de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. El proyecto amplía las prohibiciones, que actualmente están concentradas en los hidrocarburos.
Entre los principales cambios aparece el endurecimiento de las penas, que podrían llegar hasta los 20 años de prisión, además de inhabilitaciones para operar en la Argentina. También se prevé la creación de un registro público de infractores y la prohibición de que el Estado y particulares contraten con quienes figuren allí.
El proyecto incorpora además el juicio en ausencia para los delitos contemplados por la nueva normativa. De esta manera, el Gobierno busca reemplazar y ampliar el alcance de la Ley 26.659, vinculada a la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas disputadas.
Otro de los puntos centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de representantes de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendría funciones de coordinación estratégica en áreas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia. El proyecto también contempla que pueda disponer medidas urgentes ante amenazas consideradas graves e inminentes, entre ellas restricciones sobre operaciones financieras, importaciones y exportaciones.
