El Gobierno nacional piensa reformas en el sistema de salud y podría comenzar a cobrar la atención médica a no residentes como se hace ya en otras provincias.
El Gobierno analiza empezar a cobrar la atención médica a extranjeros no residentes en hospitales públicos y limitar la entrega de medicamentos de alto costo. La medida tuvo sus antecedentes en Salta, Mendoza y Santa Cruz mientras que en Buenos Aires manifiestan que afecta a menos del 1%.
La reforma impactará de lleno en el Ministerio de Salud a cargo de Mario Russo. Según versiones iniciales, podría tomar la forma de proyecto de ley en los próximos días, aunque en provincia de Buenos Aires no es bien recibida. "Las provincias y el Ministerio de Salud nacional que hacen alarde y marketing por esta situación solo alimentan el odio, la tensión y la xenofobia en hospitales y centros de salud”, dijo sobre el caso el ministro de la cartera bonaerense, Nicolás Kreplak.
Las autoridades destacaron que la decisión de seguir con estos trabajos beneficia a muchas familias de trabajadores, que pueden cumplir el sueño de casa propia.
El Gobierno de Javier Milei eliminó este lunes el registro obligatorio de los contratos de alquiler a la AFIP y dejó esa decisión para las partes.
Fue Kreplak quien aseguró además que la atención en la provincia a personas extranjeras que no residen en nuestro, quienes se verían impactados por la medida, es menor al 1%. Sin embargo, Russo dijo que encontró un "enorme despilfarro de recursos" en el ministerio que dirige.
"Ahora Salta, Neuquén y Mendoza empiezan a cobrarle a extranjeros y esto ocurre por un cambio cultural. Es cierto que algunos nos juzgan como insensibles, pero las provincias empiezan a ordenarse también. Celebro que la Provincia de Buenos Aires empiece a comprar medicamentos oncológicos, y que además lo anuncien. Entonces el concepto es redefinir y priorizar las políticas de salud de cada jurisdicción”, anticipó Russo sobre su plan para reordenar el área.
El ministro de Salud de la Nación tendría en la mira además los medicamentos de alto costo o para cuidados paliativos que se autorizan por amparos judiciales, como así también los gastos vinculados a servicios por discapacidad, como transporte y educación integradora que termina pagando la cartera sanitaria.
Al respecto, el propio Russo admitió semanas atrás que si el sistema “no explota” es porque “desde Nación pagamos los medicamentos de alto costo, las vacunas o tratamientos caros, como los trasplantes. Entonces, viene una nueva etapa, el Ministerio de Salud no es una ONG benéfica, nosotros debemos ser vectores para ir ordenando el sistema con el financiamiento adecuado, con prioridades”, dijo.