lunes 09 de septiembre de 2024

El Gobierno eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler ante la AFIP

El Gobierno de Javier Milei eliminó este lunes el registro obligatorio de los contratos de alquiler a la AFIP y dejó esa decisión para las partes.

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El Gobierno eliminó este lunes, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales. La registración queda a decisión de los interesado, si es que los locadores quieren acceder a beneficios fiscales.

La medida salió en la Resolución General 5545/2024. La AFIP suprimió el requisito de informar todas las operaciones concertadas entre locadores y locatarios ante el “Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles (RELI)”, en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, que derogó la ley de Alquileres.

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De todas formas, se establece que los contribuyentes que quieran gozar de los beneficios fiscales en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y en los impuestos sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sobre los Bienes Personales y a las Ganancias sí deberán declarar sus contratos de alquiler en el servicio RELI de la web del organismo con clave fiscal, antes del 30 de septiembre de 2024 o dentro de los 15 días corridos posteriores a su celebración, según el caso. Quienes ya tengan registrados sus contratos no deberán volver a hacerlo, excepto que haya modificaciones o actualizaciones.

Con relación al Impuesto a las Ganancias, se dispuso también la eliminación de la obligación por parte del empleado en relación de dependencia de adjuntar una copia del contrato de alquiler del inmueble con destino a casa habitación.

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Ya no será obligatorio, por disposición del Gobierno, registrar los contratos de alquileres.

Ya no será obligatorio, por disposición del Gobierno, registrar los contratos de alquileres.

Esta simplificación en las operaciones inmobiliarias impulsada por la AFIP se suma a la derogación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), el documento que debía emitirse al vender un automotor o motovehículo usado y radicado en el país.

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