El Ejecutivo explicó cómo las compañías públicas pasarán a manos del sector privado. Las firmas en la mira del Gobierno y qué pasará con los trabajadores.
El proceso para impulsar las privatizaciones de las empresas públicas se mueve en distintas direcciones, pero avanza: el Gobierno argentino envió al Congreso, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros; algunas pistas más sobre cómo continuará el "Plan motosierra" que, entre otras compañías, tiene en la mira a Aerolíneas Argentinas.
Actualmente, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) tiene dentro de su órbita 59 empresas que funcionan en once jurisdicciones de la administración estatal y, a su vez, existen otras 19 sociedades que son consideradas subsidiarias. Para concretar las privatizaciones, sin embargo, existen distintos mecanismos que el Ejecutivo tiene en mente.
El gobernador Axel Kicillof cerró el plenario en un acto en Florencia Varela en el que cargó contra Javier Milei y se consolidó como la figura del peronismos para 2027.
El presidente Javier Milei ratificó el camino del equilibrio fiscal y confirmó su intención de reducir el gasto público aumentando el número de despidos.
El Gobierno de Javier Milei podría abrir licitaciones y avanzar en la venta, para lo que necesita de la aprobación del Congreso. También podría lanzar una oferta pública inicial para sacar las acciones de las compañías al mercado de capitales bajo, un método denominado Initial Public Offering (IPO, por sus siglas en inglés). Y una tercera opción podría ser la de ceder parte de las empresas -por ejemplo a los empleados- o cerrarlas y poner a la venta los terrenos a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Entre las firmas que quedaron habilitadas por el Poder Legislativo en la Ley Bases para continuar en el camino hacia la privatización están Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Energía Argentina, Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y Ferrocarriles Argentinos. Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) figuran en artículos aparte que expresan que se entregarán una serie de acciones, pero el Estado nacional debe mantener la participación mayoritaria.
En el informe de Jefatura de Gabinete que conduce Guillermo Francos, el Ministerio de Economía de la Nación explicó que esa lista de empresas está bajo análisis y que pueden ser "privatizadas, concesionadas, transformadas, cedidas o cerradas". El procedimiento a adoptar será definido por la ATEP.
Además, el Ejecutivo dio precisiones sobre la evolución del proceso privatizador durante los primeros meses de gestión. "El 23 de octubre se inició la privatización de Trenes Argentinos Cargas, también conocida como Belgrano Cargas y Logística S.A. También se avanzó en la privatización de cuatro centrales eléctricas y se anunció un llamado a un concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A", precisó el documento.
En este sentido, Economía explicó cuáles son las opciones que actualmente se barajan y detalló que hay cuatro empresas sobre las que se puede realizar el mecanismo de IPO: TANDANOR, AySA, ARSAT y NASA. A su vez, otra alternativa es definir la privatización en forma total, algo que podría suceder en TANDANOR, INTERCARGO, AySA, Banco Hipotecario, ENARSA, IMPSA y TRANSPELT. En tanto, el Banco Nación, NASA y YCRT podrían quedar privatizadas parcialmente.
Por último, en otro pasaje del documento, el Ejecutivo hizo referencia a lo que pasará con los trabajadores de las empresas públicas. Sobre este aspecto, detalló que la intención oficial es que “la mayor parte del personal” permanezca en las firmas cuando se encuentren bajo la conducción de nuevos accionistas.
Lo cierto es que, durante este año, el Gobierno puso en marcha un plan de retiros voluntarios y desvinculaciones para las empresas del Estado. De hecho, entre diciembre del año pasado el personal en esas dependencias pasó de 91.474 personas a 80.274: esto representa una reducción de 11.200 puestos de trabajo o un ajuste del 12,24% de la nómina.
El objetivo del Ejecutivo es desprenderse del manejo de todas las compañías públicas. En primer lugar, por una cuestión fiscal: que la operación no le genere gastos al Estado. Pero principalmente el motivo es ideológico, ya que en la Casa Rosada entienden que las empresas deben estar a cargo del sector privado.
"El rol del Estado no es ser empresario, la primera ganancia es reducir las transferencias que hace el Tesoro nacional para suplir el déficit operacional de las empresas públicas, y en paralelo que se brinden mejores servicios y más competitivos. Las privatizaciones no tienen como fin último hacerse de recursos mediante sus ventas, sino que estas empresas puedan funcionar de forma eficiente y no demandar recursos del Tesoro, ni que éste tenga que cubrir el déficit operacional", argumentó el informe que presentó Francos en el Senado de la Nación.