El Gobierno argentino inició una etapa de aceleración de las negociaciones de reforma laboral y, por impulso del presidente Javier Milei, el oficialismo busca apurar el debate del proyecto en ambas cámaras del Congreso. El Ejecutivo libertario, sin embargo, necesita destrabar apoyos de sectores dialoguistas y gobernadores que hoy condicionan el número final de votos.
El "Plan de Modernización Laboral" integra el temario habilitado por la Casa Rosada para las sesiones extraordinarias que el Parlamento nacional llevará adelante en febrero. Aunque ya obtuvo dictamen en comisiones del Senado, persisten reparos en provincias con bancas clave en ese recinto y en la Cámara de Diputados, un factor que demora la convocatoria.
En ese escenario el Gobierno evita fijar sesión al inicio del período extraordinario, que irá del 2 al 27 de febrero. En la Cámara Alta estiman el miércoles 11 como fecha probable. Mientras tanto, los próximos días concentran gestiones políticas para acercar posiciones y asegurar una media sanción.
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El Gobierno nacional apura las negociaciones para intentar destrabar el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso
Según informó Infobae, en el Gobierno entienden que todavía no pueden garantizar los votos. Aun así, remarcan no se quedarán sin reforma laboral: prefieren una ley más acotada si eso permite aliviar trámites y avanzar con cambios considerados prioritarios por el Ejecutivo. Las tratativas confluyen en la Mesa Política, integrada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni; la secretaria general Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de Diputados Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado Patricia Bullrich; el ministro del Interior Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.
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La mesa política del Gobierno.
Allí se define qué aspectos son intocables, qué recursos de negociación están disponibles y qué actores opositores concentran poder de veto. Cuando el debate amenaza el cálculo presupuestario, se suma el ministro de Economía Luis Caputo, que también participó de un encuentro del llamado Grupo de los 7.
Ese espacio acordó líneas iniciales de la negociación y sumó la Ley Penal Juvenil al temario. La postura que se impuso fue sostener el dictamen y trasladar el intercambio con gobernadores al plenario del Senado. En el Gobierno aspiran a que la normativa salga entre febrero e inicios del mes de marzo. La mesa ya agendó dos reuniones en el despacho de Adorni: una este mediodía y otra el miércoles 4 a las 10. Antes, Bullrich habló con jefes de bloque del Senado y aseguró que hay un “acuerdo bastante consolidado”, aunque anticipó cambios sobre el despacho firmado en diciembre.
La reforma laboral y la tensión con las provincias
Consultada por la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades y su impacto en la coparticipación, Bullrich sostuvo que "es un tema que está más en manos del Poder Ejecutivo". "Por supuesto que los senadores miran que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no se ha resuelto y está en discusión", añadió.
En Casa Rosada calculan un costo fiscal del 0,65% del PBI: 0,5 puntos para Nación y 0,15 para provincias. Esa última cifra define adhesiones. Algunos mandatarios plantean dos caminos: compensaciones por la caída real de fondos coparticipables o una cobertura temporal de Nación que difiera la aplicación plena para 2027.
La reforma laboral podría tener un costo fiscal del 0,65% del PBI: 0,5 puntos para Nación y 0,15 para provincias
Un gobernador resumió el clima: “El Gobierno se tiene que dar cuenta de que no tiene tanto margen. Las cajas de las provincias están súper estresadas… Por eso creemos que no van a ser inflexibles”. Santilli, en giras provinciales, sostuvo que la formalización podría compensar el costo. Con ese telón de fondo, el oficialismo acelera para cerrar un acuerdo.