Julieta Makintach fue destituida por el caso Maradona, pero puede apelar con un recurso extraordinario ante la Suprema Corte bonaerense para frenar la sanción.
El juicio oral por la muerte de Diego Maradona, que comenzó en marzo de 2025 en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro, terminó en un escándalo sin precedentes cuando se descubrió que una de las juezas, Julieta Makintach, participaba activamente en la producción del documental Justicia Divina.
La autorización clandestina de filmaciones dentro del tribunal, el uso de recursos públicos para ese proyecto privado y la posterior negación sistemática de su rol derivaron en la nulidad total del debate el 27 de mayo de 2025 y en una crisis de credibilidad que alcanzó al Poder Judicial en su conjunto.
La solicitud de detener a Julieta Makintach y restringir sus movimientos no prosperó, y la exmagistrada destituida en el jury en La Plata seguirá en libertad.
Seis meses después, el 27 de noviembre de 2025, el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires la destituyó por unanimidad e inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos judiciales. El fallo, presidido por la ministra Hilda Kogan, encuadró las conductas en cuatro causales graves de la Ley 13.661 y marcó un precedente histórico.
En este contexto de repercusiones que aún resuenan —incluyendo una nueva denuncia penal contra Makintach por uso de celular durante un juicio previo en 2024, radicada apenas días después del fallo—, la doctora Carolina Szelagowski, Directora General de Coordinación Instructiva de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, se refirió a la alternativa judicial que le queda a la ex jueza para intentar conservar su cargo.
A pesar de que Szelagowski detalló que la sentencia del jury es "en principio irrecurrible" —sin recursos ordinarios ni segunda instancia para revisar el fondo de lo resuelto por el cuerpo evaluador de jueces y fiscales—, la funcionaria subrayó que precedentes judiciales abren una puerta para casos de violación de principios constitucionales o incumplimiento del debido proceso. "En situaciones de gravedad institucional o vulneración de garantías fundamentales, la persona destituida puede interponer un recurso extraordinario", explicó.
Respecto a los plazos, Szelagowski indicó que "aún se encuentra vigente el plazo para la presentación del recurso extraordinario por parte de la defensa de Makintach". Este mecanismo no actúa como apelación común, sino como control excepcional de legalidad. "En caso de interponerse, la primera instancia que deberá pronunciarse será la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que analizará la admisibilidad de la presentación.
En esa línea, si la Corte provincial rechaza el recurso, la parte interesada podría presentar una queja ante la misma Corte, solicitando que se revise tal negativa", detalló. Agotadas las instancias locales, "cabría la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque este tipo de derivaciones resultan excepcionales y suelen centrarse en cuestiones de constitucionalidad de alcance federal".
La experta enfatizó que el procedimiento de jury, aunque difiere de los penales, incorpora salvaguardas mínimas para garantizar el acceso a la justicia y la defensa, alineadas con la Constitución Provincial. Su finalidad no es punitiva en sentido estricto, sino preservar el estado de derecho y la confianza pública en el Poder Judicial. En este marco, el futuro de Makintach dependerá de si su defensa logra acreditar irregularidades procesales en el jury, lo que podría llevar a la nulidad del fallo o, al menos, a su suspensión temporal.
Más allá del plano judicial, Szelagowski aclaró que, con la destitución vigente, Makintach "retorna técnicamente a la condición de abogada" si no se revierte la medida.
Sin embargo, advirtió sobre obstáculos prácticos en la matriculación: el Colegio de Abogados de San Isidro ya expresó públicamente su rechazo a otorgarle la matrícula, invocando el antecedente del jury. "El colegio de San Isidro dijo por los medios que no la iban a matricular, que tiene un antecedente", detalló la funcionaria, aunque precisó que "la situación podría variar en otros distritos, dependiendo de los criterios que adopten los respectivos colegios de abogados sobre la habilitación profesional de quienes han sido removidos de la judicatura". Cada entidad retiene autonomía para evaluar antecedentes disciplinarios, por lo que "hay que ver si en otro colegio lo podría hacer", puntualizó, sin que ello implique una prohibición automática en toda la provincia o jurisdicciones externas.
En cuanto a la reinserción laboral, Szelagowski mencionó que Makintach cuenta con "muchas ofertas" en el sector privado, pero el ejercicio pleno como abogada pende de la decisión colegiada. Como alternativas viables, la ex jueza podría optar por roles no regulados por matrícula activa, tales como consultoría jurídica, docencia universitaria —donde ya tenía trayectoria previa— o asesoramiento legal en empresas y organizaciones, sin necesidad de patrocinio letrado.
De este modo, mientras el juicio por la muerte de Maradona se reanuda sin Makintach y con pedidos de jury para sus ex colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, la ex magistrada navega entre un recurso extraordinario de chances inciertas y la reconstrucción de su carrera en un terreno minado por rechazos institucionales. Por el momento, la sentencia permanece firme, pero el plazo abierto para apelar mantiene un hilo de esperanza jurídica en medio del descrédito.