El proyecto se aprobó por 124 a 119 y seis abstenciones. La iniciativa restituye la Ley de Tierras y deberá volver al Senado por los cambios incorporados.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el gobierno nacional, en una votación ajustada que terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. En el debate, el oficialismo aceptó reincorporar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, por lo que la iniciativa deberá regresar al Senado.
El resultado permitió avanzar con una de las principales propuestas del Gobierno, aunque con modificaciones respecto del texto que había recibido media sanción en la Cámara alta. La decisión de restablecer la Ley de Tierras de 2011 fue parte de los acuerdos alcanzados con otros bloques para reunir los votos necesarios.
La votación en general se definió por cinco votos de diferencia y contó con seis abstenciones. El capítulo que restituye la normativa sobre tierras rurales obtuvo un respaldo más amplio, en una discusión que cruzó la política de propiedad privada con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
La modificación incorporada al proyecto deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, que había dispuesto la derogación de la Ley 26.737, sancionada en 2011. De esta manera, se restablece el régimen que establece límites a la propiedad extranjera de tierras rurales en el país.
La normativa fija un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de establecer restricciones para la adquisición por parte de una misma nacionalidad y límites específicos en zonas agrícolas estratégicas. La restitución de estas condiciones representa un cambio respecto de la intención original del oficialismo de eliminar las restricciones.
Con las modificaciones aprobadas en Diputados, el proyecto deberá volver al Senado, que tendrá que decidir si acepta los cambios introducidos o insiste con la versión que había aprobado previamente.
Además de la cuestión de las tierras rurales, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada establece modificaciones al régimen de expropiaciones. Entre otros puntos, exige que exista una declaración de utilidad pública y prevé una indemnización previa calculada a valor de mercado, con reconocimiento del lucro cesante.
Los cambios generaron cuestionamientos de sectores que advierten que los nuevos requisitos podrían dificultar la realización de obras públicas que requieran la incorporación de inmuebles privados. El alcance de esas modificaciones forma parte de la discusión sobre los efectos de la iniciativa en la capacidad de intervención del Estado.
Otro eje central es la agilización de los desalojos de inmuebles ocupados. El proyecto prevé procedimientos judiciales sumarísimos para acelerar la restitución de las propiedades a sus titulares y establece condiciones específicas para los casos de falta de pago o vencimiento de contratos de alquiler.
En las viviendas, el locador deberá intimar formalmente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda. Si no lo hace, podrá iniciar la acción de desalojo, que tendrá un plazo adicional de diez días hábiles, de acuerdo con el texto de la iniciativa.
La propuesta también contempla situaciones de vulnerabilidad. Cuando en el inmueble vivan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional transitoria, sin que eso paralice el proceso judicial.
Con la aprobación en Diputados, el proyecto avanzó en su trámite parlamentario, pero todavía necesita una nueva revisión del Senado para definir su sanción definitiva. La reincorporación de la Ley de Tierras fue uno de los cambios centrales de una votación que obligó al oficialismo a negociar para conseguir los apoyos necesarios.
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