Siguen las repercusiones alrededor del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispuesto por el Gobierno de Javier Milei. La norma fue oficializada este martes y establece el despido de trabajadores del Estado cuya contratación haya sido efectuada durante el 2023.
Este decreto entró en vigencia este mismo martes, tras su publicación en el Boletín Oficial, aunque tiene una serie de excepciones que resultan importantes de entender al momento de analizar quiénes quedarán afectados por esta medida.
El Artículo 1 de la norma determina que las contrataciones de servicios realizadas desde el 1 de enero de 2023, bajo las disposiciones del artículo 9 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y el Decreto N° 1109 de 2017, no serán renovadas al concluir el 31 de diciembre de 2023.
En el mismo sentido, el texto también establece tres excepciones:
El Artículo 3 del DNU limita la renovación de contratos existentes, con ingreso previo al 1 de enero de 2023, a un máximo de 90 días. Por su parte, el Artículo 4 instruye a las autoridades a realizar un análisis exhaustivo de estos contratos para determinar su renovación, que debe estar debidamente justificada.
Es importante acotar que el decreto también autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a emitir normativas adicionales para facilitar la implementación de estas disposiciones, como se indica en el Artículo 6. Finalmente, el Artículo 7 confirma la entrada en vigor del DNU tras su publicación oficial.