El Gobierno de Javier Milei tendría previsto publicar este martes un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), esta vez para comenzar a realizar la reforma del Estado, la cual también está contemplada en el "megadecreto" número 70 y en uno de los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo para ser tratado en el período de sesiones ordinarias del Congreso.
Según información a la que accedió La Nación, ese nuevo decreto concretaría el anuncio presidencial, ratificado luego por el ministro de Economía, Luis Caputo; de no renovar los contratos de empleados estatales firmados por primera vez desde el 1° de enero de 2023 en adelante y que vencen este 31 de diciembre. Implicaría, según cifras no confirmadas por el Gobierno, que unos 7.000 agentes públicos se quedarían sin trabajo.
Además, el DNU contendría la apertura de la etapa de evaluación de todas las estructuras del Gobierno por los próximos 90 días, para definir cuáles de los demás puestos se mantendrán y cuáles no, dando lugar a una eventual nueva etapa de recortes.
Los "cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales" y el de personas trans o con discapacidad se respetarán y no serán alcanzados por el recorte.
La Administración Pública Nacional (APN) está compuesta por 393.000 empleados, de los cuales 193.000 son civiles distribuidos en distintas áreas. Y en dos marcos de empleo: uno según la Ley de Trabajo, otro según la Ley Marco de Empleo Público Nacional. Estos últimos representarían unos 100.000, de los cuales un tercio integra la planta permanente, que implica haber ingresado al Estado según un concurso oficial que establece competencias y requisitos. Estos últimos tienen seguridad en su cargo, a diferencia de los que son contratados, entre los que están los que serán alcanzados por esta primera medida y, eventualmente, por las subsiguientes.
Al mismo tiempo, el Gobierno estaría dispuesto a avanzar con otra medida que abriría frentes de conflicto, esta vez con las organizaciones sociales. Se trata de una re ingeniería de los movimientos sociales, que implica atomizar su manejo en al menos tres secretarías: la de Niñez y Familia, la de Trabajo y la de Educación, todas bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.
Esa medida apunta a evitar intermediaciones y se combina con el congelamiento del plan Potenciar Trabajo, que implica una caída fuertísima de su poder de compra real dado el alto índice de inflación existente, que en los próximos meses además aumentará significativamente, según todas las proyecciones conocidas.