La Justicia investiga seis inmuebles vinculados al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y su esposa en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia Federal avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni; y su esposa, Bettina Angeletti. En la causa ya fueron identificadas seis propiedades entre departamentos y casas ubicadas en La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mientras el fiscal Gerardo Policcita analiza ingresos, tasaciones y operaciones inmobiliarias.
El expediente judicial lleva casi 2 meses y ya tiene bajo análisis distintos inmuebles vinculados al jefe de Gabinete y a su entorno familiar. Entre las propiedades identificadas aparecen dos departamentos a nombre del matrimonio en Avenida Asamblea 1132 y en Miró 546/54, de los barrios porteños de Parque Chacabuco y Caballito, respectivamente. Adorni figura además como titular de una vivienda en la ciudad, donde actualmente vive su mamá, Silvia País; y Angeletti también aparece como propietaria de otras tres propiedades: una casa en Huaura 24, en Morón; un departamento con cochera en Bragado 4747/61/63/65, en Mataderos; y una vivienda en el Lote 380 del Country Club Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa junto a los ministros de Economía, Luis Caputo, y Seguridad Alejandra Monteoliva.
El presidente Javier Milei ratificó su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su equipo debatió sobre proyectos legislativos clave para el Gobierno.
Según se corroboró en la investigación, el inmueble de Avenida Asamblea fue declarado por el funcionario en 2024. La propiedad tiene 115 metros cuadrados y figura hipotecada por U$S100.000 con prestamistas privados. Las acreedoras del crédito son Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, madre e hija; y quienes declararon ante la Justicia que Adorni acordó devolver el dinero en 2 años con un interés anual del 11%.
Las mujeres indicaron además que el jefe de Gabinete adelantó cuotas y actualmente mantiene una deuda de U$S70.000, con vencimiento en noviembre de 2026. De acuerdo a estimaciones del mercado inmobiliario, el departamento tendría un valor de entre U$S220.000 y U$S290.000.
Otro de los inmuebles investigados es el departamento de Caballito. Según la causa, Adorni se lo compró a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas por U$S230.000. La operación incluyó un adelanto de U$S30.000 y una deuda posterior de U$S200.000. Además, Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, familiares de las vendedoras, afirmaron que el funcionario también les adeuda otros U$S65.000 “de palabra” por refacciones realizadas en la vivienda.
La Justicia Federal también corroboró que Adorni heredó un departamento ubicado en 48 Nº558, es decir en pleno centro de La Plata. El inmueble fue declarado como una donación recibida en junio de 2016 y actualmente estaría en venta por U$S95.000.
En tanto, la casa del Country Club Indio Cuá ocupa un lugar central dentro de la investigación judicial, no solo porque es la más valiosa entre todas las investigadas sino también porque el contratista Matías Tabar declaró haber realizado numerosas remodelaciones en el lugar por un costo total de U$S245.000. De acuerdo con el arquitecto, todos los trabajos fueron abonados en efectivo.
La propiedad, que inicialmente no figuraba en la declaración pública de bienes del funcionario, se encuentra a nombre de Angeletti según lo revelado por el Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires. Y entre los trabajos realizados en ella figuran modificaciones en la pileta, revestimientos de piedra y mármol travertino, instalación de una cascada lateral, muebles a medida, equipos de aire acondicionado y un horno de alta gama.
La investigación continúa con el análisis de movimientos bancarios, pagos en efectivo y operaciones en dólares, mientras la fiscalía trabaja junto a organismos especializados como la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y peritos de la Corte Suprema.