El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen pruebas suficientes para sostener que el platense Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente mientras ocupaba cargos públicos. El funcionario judicial pidió cambiar el rumbo de la investigación y analizar posibles delitos tributarios, ya que los fondos utilizados por el exjefe de Gabinete podrían provenir de inversiones anteriores a su ingreso al Gobierno.
El letrado presentó su dictamen ante el juez Ariel Lijo, quien deberá decidir si envía el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. El pedido no significa que Adorni haya sido sobreseído, sino que la investigación podría continuar por posibles irregularidades en sus declaraciones de impuestos y en el origen fiscal de sus ahorros.
La causa comenzó por una denuncia de la diputada Marcela Pagano y examinó los movimientos económicos del exfuncionario entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Durante ese período, los investigadores identificaron gastos por 402.578,12 dólares, de los cuales 374.081,66 dólares fueron pagados en efectivo.
Gerardo Pollicita consideró que no existen pruebas suficientes para sostener que el platense Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente
El platense aseguró que el dinero utilizado para afrontar sus gastos provenía de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Según su presentación, el exfuncionario invirtió aproximadamente 200.000 dólares mediante ocho billeteras digitales y posteriormente obtuvo 591.544,61 dólares por la venta de esos activos, que conservó en efectivo.
Manuel Adorni justificó los dólares que no declaró como parte de los beneficios obtenidos por presuntas inversiones en Bitcoin
La Policía Federal Argentina (PFA) examinó las direcciones digitales y confirmó que registraron movimientos durante los años mencionados. Sin embargo, los especialistas no pudieron establecer quién administraba esas cuentas en aquel momento y esa limitación impidió confirmar completamente la explicación del exfuncionario, pero tampoco permitió demostrar que fuera falsa.
Pollicita también analizó los ingresos históricos de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Los registros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mostraron remuneraciones acumuladas equivalentes a unos 335.000 dólares hasta 2014 y aproximadamente 493.000 dólares hasta 2018. Para el fiscal, esos montos hacen económicamente posible la inversión declarada.
En ese marco, el dictamen señala además que no se encontraron pruebas que relacionaran el dinero investigado con decisiones tomadas durante el ejercicio de sus funciones. La Fiscalía tampoco pudo descartar que los fondos se hubieran obtenido antes de diciembre de 2023, una circunstancia que impide sostener, con la prueba actual, la acusación por enriquecimiento ilícito.
Las propiedades de Manuel Adorni investigadas por la Justicia
Entre las operaciones examinadas aparece una casa del country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz: Angeletti adquirió la propiedad en noviembre de 2024 por 120.000 dólares, más otros 5.000 correspondientes al ingreso al barrio y, según declaró, el matrimonio financió parte de la compra mediante un préstamo privado de 100.000 dólares. El crédito fue otorgado por Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija, Victoria Cancio, ambas policías. La primera prestó 85.000 dólares y la segunda, 15.000. El contrato establecía una devolución en 2 años, con un interés anual del 11% y pagos mensuales de entre 600 y 900 dólares.
La investigación también examinó las reformas de esa vivienda. El contratista Matías Tabar declaró haber recibido 245.000 dólares en efectivo por trabajos que no fueron facturados. Adorni rechazó ese monto y aseguró que las obras costaron 175.000 dólares, que pagó con ahorros acumulados antes de su llegada a la función pública.
Otra compra investigada corresponde a un departamento con cochera ubicado en Miró al 500, en Caballito. La operación se concretó en noviembre de 2025 por 230.000 dólares. Adorni pagó 30.000 dólares en efectivo y acordó financiar los 200.000 restantes mediante un préstamo hipotecario privado sin intereses, con devolución en dos años.
Las acreedoras fueron Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, anteriores propietarias del departamento. Además, Pablo Feijoo, hijo de una de ellas, declaró que había aportado 65.000 dólares para las remodelaciones. Los investigadores analizaron estas operaciones porque el matrimonio también conservaba propiedades en La Plata y Parque Chacabuco.
Los gastos con tarjetas de empleados
La Fiscalía también investigó compras realizadas con tarjetas de crédito pertenecientes a personas que trabajaban bajo las órdenes de Adorni. Los movimientos comprendían artículos para el hogar, colchones, equipamiento tecnológico y productos para videojuegos. Entre los consumos aparecieron gastos por 8.183.303,25 pesos en blanquería y otros elementos destinados a la vivienda.
El expediente registró además la adquisición de dos proyectores de 1.831.795 pesos cada uno y un monitor de 2.185.000 pesos. La secretaria de la Vocería Presidencial, Gisela Kocsis, declaró que había realizado compras con su tarjeta y que posteriormente recibía el dinero en efectivo del entonces funcionario.
La defensa explicó que algunas adquisiciones respondían a tareas de asistencia y que los importes eran reintegrados cuando llegaban los resúmenes. También sostuvo que Angeletti había pagado los colchones y otros productos para la casa. Estos movimientos formaron parte de los 20 puntos sobre los cuales Adorni debió presentar explicaciones.
La posible evasión y el futuro de la causa
Aunque Pollicita consideró insuficiente la prueba para sostener el enriquecimiento ilícito, advirtió que podrían existir delitos relacionados con impuestos nacionales. La investigación identificó dinero en efectivo, inversiones digitales y bienes que habrían permanecido durante años fuera de las declaraciones fiscales. La propia defensa reconoció que presentó información patrimonial que anteriormente no había declarado.
El fiscal pidió analizar los ingresos profesionales destinados a comprar Bitcoin, las ganancias de esas operaciones y las tenencias de dólares. También solicitó revisar diferencias entre los datos informados a Binance y a los organismos públicos, además de préstamos privados cuya entrega efectiva de dinero no pudo comprobarse durante la investigación.
La presentación judicial también solicitó examinar las operaciones realizadas por los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, junto con el contratista Matías Tabar. Además, Pollicita pidió que el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires evalúe la actuación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en las transacciones investigadas.
La causa deberá avanzar ahora sobre una posible evasión en los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales. El juez Lijo tendrá que resolver si acepta el pedido de Pollicita y dispone el traslado del expediente, donde se determinará si existieron obligaciones fiscales incumplidas y cuáles fueron los períodos involucrados.
