La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por la famosa causa Vialidad y la expresidenta no podrá ser candidata a diputada. Crecen las protestas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJ) confirmó la condena para Cristina Kirchner en el marco de la causa por desvío de fondos en la obra pública desarrollada en la provincia de Santa Cruz. Esta decisión del máximo tribunal del país generó conmoción interna y miles de manifestantes se movilizan en rechazo a la decisión judicial.
La decisión se conoció hace instantes en el marco de la denominada causa Vialidad que lleva más de 17 años de proceso judicial con una condena confirmada previamente en dos instancias, en el juicio oral y en la etapa recursiva a Casación Federal.
Por su edad (72 años), Cristina Kirchner solicitará el beneficio de la prisión domiciliaria. Se estima que la cumpliría en su departamento de San Cristóbal, donde reside desde su salida de Recoleta.
Mientras tanto, el clima político se tensó. El lunes, la expresidenta reunió a la dirigencia del peronismo en la sede del PJ en la calle Matheu y declaró sentirse "una fusilada que vive". Este martes volvió a reunirse con legisladores de Unión por la Patria, en medio de crecientes llamados a la movilización.
También se evidenció un cierre de filas en el peronismo: Axel Kicillof, que había mantenido diferencias con la exmandataria, se hizo presente en el acto del lunes, acompañado por intendentes del conurbano bonaerense y este martes también acudió a la sede del PJ.
Una condena firme impacta directamente en la estrategia electoral del oficialismo, ya que Cristina Kirchner tenía previsto postularse como legisladora provincial por la tercera sección electoral y ahora quedó inhabilitada para eso.
El fallo fue dictado por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados rechazaron los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Cristina Kirchner y los otros ocho condenados, así como el del fiscal Mario Villar, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar recursos sin tratar su contenido cuando no se presentan cuestiones federales suficientes. Sin embargo, en esta oportunidad, la Corte brindó fundamentos debido a la trascendencia institucional del caso.
“La apelante no ha cumplido con el requisito de fundamentación autónoma”, subrayaron los jueces, y remarcaron que no se lograron desvirtuar los argumentos de las sentencias previas ni se plantearon críticas concretas a las pruebas consideradas.
Con la condena ya firme, el Tribunal Oral Federal N.º 2 deberá definir las condiciones de cumplimiento de la pena. Dado que la ex presidenta tiene más de 70 años, es probable que se le conceda el arresto domiciliario. También quedará automáticamente inhabilitada para presentarse como candidata en las próximas elecciones legislativas, en las que se especulaba con su posible participación.
La sentencia también alcanza a otros ocho acusados, entre ellos el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas, José López. Todos fueron señalados como partícipes de una estructura delictiva para beneficiar a empresas vinculadas al entorno de la ex mandataria.
La Corte consideró que los jueces de instancias anteriores actuaron conforme a derecho, valorando la “profusa prueba” recolectada y respetando el debido proceso. Según el fallo, quedó demostrado que Fernández de Kirchner tuvo conocimiento y voluntad de ejecutar actos en perjuicio de la administración pública para favorecer intereses particulares, principalmente los de Lázaro Báez.
También se destacó que las relaciones comerciales entre Báez y la familia Kirchner no fueron debidamente refutadas por la defensa, que alegó que se trataba de negocios lícitos a precios de mercado. No obstante, los jueces señalaron que esos vínculos contribuyeron a sostener el esquema de defraudación.
La Corte fue terminante al considerar que “la ventaja económica para la administración pública fue relegada por la ventaja para intereses particulares” y que Cristina Kirchner tuvo “ánimo de lucro y representación del resultado delictivo”.
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