El gobierno busca reducir costos, simplificar procesos y otorgar mayor autonomía a los partidos políticos con la implementación de la reforma electoral.
El Gobierno de Javier Milei presentó la reforma electoral que pretende llevar adelante y tiene como eje central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la reducción del tiempo de la campaña electoral y la eliminación de los límites de los aportes privados a los partidos políticos.
Las PASO fueron implementadas por primera vez en 2011, con Cristina Kirchner en la presidencia; y según el oficialismo representan un gasto innecesario. En 2023, demandaron un costo estimado de $45.445 millones.
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Además de los aspectos económicos, la reforma plantea una reducción del calendario electoral para evitar que la ciudadanía vote más de una vez en el año, salvo en caso de segunda vuelta; y propone limitar la intervención estatal en las decisiones internas de los partidos políticos.
Entre otras medidas, se establece que la campaña comience 60 días antes de cada elección y finalice 48 horas antes de los comicios. Además, los anuncios masivos de obras u otros actos gubernamentales quedarán prohibidos en los 25 días previos a las elecciones para evitar su uso proselitista.
Otro punto clave es la eliminación de los espacios de publicidad electoral gratuita que actualmente deben ceder los medios audiovisuales. En su lugar, se regulará que la publicidad esté restringida al período oficial de campaña.
Asimismo, la reforma busca eliminar el financiamiento extraordinario que el Estado otorga a los partidos políticos durante las elecciones. De esta forma, solo se mantendría el Fondo Partidario Permanente, destinado únicamente a aquellas fuerzas que obtengan al menos el 1% de los votos del padrón.
La mayor de las polémicas instaladas alrededor de la propuesta del Gobierno es la del financiamiento de las campañas electorales. Aunque en las elecciones de 2023 los montos máximos eran de 20 millones para las PASO y 40 millones para las generales, la nueva reglamentación elimina esas restricciones y no pone topes a la cantidad de aportantes y los montos que estos pueden ofrecer.
Las donaciones podrán ser realizadas por personas físicas, empresas, asociaciones civiles y fundaciones, entre otros, con excepciones como extranjeros sin residencia en el país, empresas vinculadas al Estado o asociaciones sindicales. Para garantizar la transparencia, se creará una plataforma pública donde se registrarán las donaciones privadas mediante declaraciones juradas. Además, cada partido deberá abrir una cuenta bancaria supervisada por la Unidad de Información Financiera (UIF).