El Gobierno investiga a más de un centenar de extranjeros que rindieron el examen de residencias médicas sin cumplir con los requisitos migratorios.
El Gobierno nacional investiga la situación de 109 extranjeros que participaron del examen de residencias médicas sin notificar a la Dirección Nacional de Migraciones. Todos habían declarado que ingresaban al país como turistas y no realizaron el trámite para modificar su estatus migratorio.
Fuentes oficiales confirmaron que la omisión podría derivar en sanciones e indicaron que, entre ellas, se evalúa la deportación y la prohibición de reingreso por un tiempo determinado. La decisión final sin embargo se tomará en base a los antecedentes y a lo que establezca la normativa vigente.
El Gobierno nacional busca recuperar el enfoque formativo, eliminar el vínculo laboral y ofrecer mayor claridad en el financiamiento.
El examen de residencias es el mecanismo de selección para médicos que buscan formarse en hospitales públicos y en el caso de los postulantes extranjeros la Ley exige contar con permisos migratorios y documentación específica para acceder a las plazas disponibles en el sistema sanitario.
En ese marco, la citada Dirección revisa los antecedentes de cada uno de los involucrados. El procedimiento se centra en determinar si falsearon información en su ingreso al país y si incumplieron con las leyes migratorias que regulan su permanencia.
En el Gobierno remarcaron que la omisión en la declaración migratoria “constituye una infracción grave”. El incumplimiento no solo habilita la expulsión del país, sino también la imposición de sanciones complementarias, como la prohibición de volver a ingresar por un período determinado.
Fuentes del área de salud advirtieron que la participación de personas sin la documentación correspondiente puede generar problemas administrativos y legales. También complica la asignación de cupos y la planificación de las plazas de formación en hospitales.
El Ministerio de Salud de la Nación y Migraciones trabajan de forma conjunta para definir las medidas en cada situación particular. El objetivo es garantizar que el sistema de residencias se rija por las reglas vigentes y que los cupos se otorguen a quienes cumplan los requisitos.
El caso captó la atención en ámbitos sanitarios y migratorios por el impacto en el uso de recursos públicos. Desde el Gobierno insistieron en que las resoluciones se adoptarán conforme al marco legal y las facultades de Migraciones para hacer cumplir la ley.