La nueva política tarifaria podría incluir un sobrecargo encubierto en las facturas de luz y gas, generando preocupación por pagos superiores al costo real.
El rediseño de subsidios para las boletas de luz y el gas natural que comenzaría a regir en 2026 genera preocupación por la posibilidad de que los usuarios paguen más del costo real de la energía. Advierten que el esquema incluye un sobrecargo encubierto destinado a financiar infraestructura y programas del sistema energético, aunque sin debate en el Congreso.
La diputada nacional Jimena López, del Frente Renovador, fue una de las voces que encendió la polémica. Según la legisladora, la Resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía no solo redefine quiénes accederán a subsidios, sino que permite cobrar por encima del costo mayorista de la energía.
El aumento de servicios públicos en el AMBA y La Plata estuvo explicado por incrementos tarifarios y un mayor consumo asociado a las altas temperaturas.
Distintas consultoras coinciden en que la inflación podría aumentar en el inicio del año próximo y meter más presión en la golpeada economía nacional.
López presentó observaciones formales durante la consulta pública que acompañó la norma y reclamó que cualquier modificación de tarifas o subsidios sea debatida y aprobada en el Congreso de la Nación. "No se trata de un simple reordenamiento de subsidios, sino de la instalación de un impuesto encubierto dentro de la boleta de luz y gas", aseguró.
El nuevo esquema divide a los usuarios en apenas dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Según la propuesta oficial, quienes superen determinados ingresos y patrimonios, y consuman más del bloque básico, pasarán a pagar sin subsidio. En la práctica, esto podría implicar pagar un 103,4 % del costo mayorista de la energía.
Según López, esa diferencia del 3,4 % por encima del costo no es simplemente una tarifa. El dinero se justifica oficialmente como una contribución a costos fijos del sistema, infraestructura y programas de eficiencia, aunque la legisladora cuestiona que ya existe un cargo específico para obras. "Es un sobrecargo escondido dentro de la factura", explicó.
Otro de los puntos que genera críticas es la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) mediante el Decreto 234/2025. Este fondo, que históricamente se financiaba con cargos en las boletas, fue liquidado, mientras que ahora se cobraría de nuevo para financiar obras que están prácticamente paralizadas.
Además, la segmentación propuesta no contempla diferencias regionales, climáticas ni estacionales en el país. Según la diputada, el esquema fue diseñado "para un país que no existe", aplicando los mismos criterios de ingreso y consumo sin considerar que en algunas provincias la calefacción es mayoritariamente eléctrica o que los ingresos pueden ser informales y variables.
López también advirtió sobre contradicciones normativas. Mientras la Resolución 267/2024 establecía que las facturas no pueden incluir cargos ajenos al servicio, la nueva medida permite cobrar por encima del costo para financiar otros conceptos. La legisladora cuestionó que la consulta pública de 15 días sea no vinculante y anticipó que se evaluarán todas las vías jurídicas si avanza el esquema.
En conclusión, la preocupación apunta a que la clase media y usuarios de distintas regiones podrían enfrentar tarifas impagables bajo un sistema que no pasó por el Congreso. Según López, las tarifas no deberían convertirse en un mecanismo de recaudación paralelo, y cualquier ajuste debe discutirse de cara a la sociedad.