Tanto ADEPA como FOPEA cuestionaron la decisión judicial que prohíbe divulgar el material vinculado al presunto pago de coimas en la ANDIS.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudiaron la medida cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Ambas entidades remarcaron que se trata de un caso de censura previa y que afecta el derecho ciudadano a acceder a información de interés público.
ADEPA sostuvo que "la reciente sentencia de la Justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohíbe a todos los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa".
Una librería de La Plata lanzó una promoción que alude al escándalo por las presuntas coimas en ANDIS para quienes compren la biografía de Karina Milei.
La caravana de La Libertad Avanza en Corrientes fue interrumpida por manifestantes. Karina Milei y Martín Menem fueron evacuados y hay dos detenidos.
La entidad recordó que "la publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores" y que el Gobierno tiene la posibilidad de investigar delitos vinculados a la obtención de audios. En cambio, afirmó que las prohibiciones preventivas resultan incompatibles con el Artículo N°14 de la Constitución Nacional y con la jurisprudencia internacional.
FOPEA, por su parte, expresó que "se trata de un acto de censura previa". También cuestionó los allanamientos solicitados a medios de comunicación.
La organización resaltó que cualquier medida preventiva que limite la circulación de información viola el Artículo N°13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Señaló que Milei, como funcionaria pública, desarrolla actos de relevancia institucional dentro de un edificio oficial, por lo que esos hechos no pueden considerarse de carácter privado.
El organismo también exigió que se revea la cautelar y reclamó al Gobierno nacional que cese lo que definió como acoso hacia medios y periodistas. "Deben trabajar con absoluta libertad -y sujetos a responsabilidades ulteriores- para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público", concluyó al respecto.