La Justicia investiga corrupción en la Unidad Penal 9 de La Plata tras un allanamiento con más de 100 celulares secuestrados y sospechas varias.
La Justicia avanza sobre una presunta red de corrupción en la Unidad Penal 9 de La Plata. Un allanamiento en el pabellón 16 reveló celulares, computadoras y otros elementos prohibidos, en una causa que investiga desvío de mercadería y un mercado ilegal interno con posible connivencia penitenciaria.
La investigación, encabezada por la fiscal Virginia Bravo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 7, tuvo un punto clave el pasado viernes con un operativo de gran magnitud dentro del penal ubicado en Villa Elvira, dependiente del Ministerio de Justicia bonaerense y del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El objetivo del simulacro fue capacitar al personal penitenciario y a los internos ante eventuales situaciones de emergencia que puedan ocurrir en la cárcel.
El procedimiento se desarrolló específicamente en el pabellón 16, donde se alojan internos vinculados a fuerzas de seguridad. Participaron funcionarios judiciales, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y peritos de Policía Científica, quienes llevaron adelante una requisa celda por celda durante varias horas.
Fuentes del caso indicaron que se incautaron más de un centenar de celulares, además de notebooks, computadoras, routers y dispositivos de almacenamiento. También se hallaron equipos de conexión a internet, incluyendo amplificadores de señal.
El operativo permitió además secuestrar consolas de videojuegos como PlayStation 4 y 5, grandes cantidades de cigarrillos y diversos elementos que serían utilizados para la comercialización interna dentro del penal.
De acuerdo a la investigación, el caso se inició tras detectar irregularidades en la distribución de mercadería destinada a los internos, como alimentos e insumos básicos. Según las fuentes, esos productos no llegaban a todos los detenidos y terminaban en manos de un interno apodado “El Tano”.
Ese preso sería quien controlaría la venta dentro del pabellón, donde se comercializarían cigarrillos, alimentos e incluso sustancias prohibidas como droga y alcohol, configurando un presunto mercado ilegal.
La causa también apunta a personal jerárquico del penal, incluyendo responsables de depósitos y autoridades de la unidad, que estarían involucrados en el desvío de mercadería.
La investigación cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N°5, a cargo de la jueza Marcela Garmendia, quien avaló los planteos de la fiscal. No se descarta que en las próximas horas se dispongan nuevas medidas, imputaciones e incluso detenciones en una causa que podría tener fuerte impacto institucional.