Desde Casa Rosada recurrieron a la justicia federal porteña para frenar la revisión del decreto. Un expediente en La Plata que mira el círculo rojo.
Alejo Ramos Padilla uno de los jueces federales de La Plata notificó al presidente Javier Milei que está evaluando la validez del decreto 137, mediante el cual se designó a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que en el corte plazo argumente esa decisión.
El magistrado otorgó diez días hábiles al Gobierno para responder a los cuestionamientos presentados por organizaciones civiles y por Elisa Carrió. Paralelamente, la Casa Rosada maniobra para apartarlo del caso a través de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.
El magistrado envió notificaciones a la Casa Rosada, al Palacio de Justicia y a Comodoro Py. En La Plata, diversas organizaciones como el CELS, ACIJ y Poder Ciudadano promueven la nulidad del decreto por considerarlo inconstitucional.
El juez registró la causa como un proceso colectivo, argumentando que afecta a todos los ciudadanos que tienen derecho a un Poder Judicial independiente. Sin embargo, el Gobierno solicitó que se rechacen las medidas cautelares y ya adelantó su defensa a través del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, quien destacó el respaldo de la Corte a la designación de García-Mansilla.
Más allá de la defensa del decreto, la principal apuesta del Ejecutivo es apartar a Ramos Padilla del expediente. Para ello, lo recusó sin causa y presentó un pedido de inhibitoria ante la jueza federal en lo contencioso administrativo Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, con el objetivo de trasladar la causa a la justicia porteña.
Si la jueza acepta la intervención, se abrirá una disputa de competencia que podría terminar en la Corte Suprema. En 2015, Ramos Padilla bloqueó una maniobra similar de Mauricio Macri para designar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, lo que obligó a Cambiemos a enviar sus pliegos al Senado.
Mientras tanto, los pliegos de García-Mansilla y Lijo están listos para ser tratados en la Cámara alta. Unión por la Patria pidió una sesión especial para el jueves 20 de marzo, pero la convocatoria depende de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene una relación tensa con Milei, aunque respalda a García-Mansilla.
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