La medida de no innovar busca preservar pruebas sobre crímenes de lesa humanidad en Berisso y Ensenada, ante el riesgo de destrucción documental.
En una decisión de gran impacto en la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar de no innovar sobre el Archivo General de la Armada.
La resolución impide cualquier modificación, mudanza o eliminación de la documentación resguardada en ese organismo, considerado una fuente crucial de pruebas en causas judiciales en curso.
Organismos de derechos humanos y familiares de víctimas se congregaron desde muy temprano en 8 y 50 de La Plata para seguir de cerca la lectura del veredicto.
El acusado fue uno de los protagonistas del juicio que se realizó en La Plata. Tras 4 años, fue condenado otra vez por sus crímenes durante la última dictadura.
La medida fue adoptada a pedido de la Unidad Fiscal que interviene en estos procesos, representada por el fiscal general Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin. La decisión judicial responde a la preocupación generada por el anuncio de la Armada sobre la "depuración y selección" de documentos, lo que incluía la posible "trituración" de archivos considerados innecesarios.
El disparador de la presentación fiscal fue una nota firmada el 9 de enero por el capitán de Navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada. En el documento se informaba sobre el inminente traslado del archivo desde su sede en la Ciudad de Buenos Aires hacia el denominado Garage Central de la fuerza, dejando atrás una selección de documentos para su posible digitalización o destrucción.
Para la fiscalía, esta decisión ponía en grave riesgo la preservación de pruebas fundamentales en causas que investigan la responsabilidad de la Armada y la Prefectura Naval en el terrorismo de Estado en la región de Berisso y Ensenada. La Unidad Fiscal sostuvo que estos documentos podrían contener información clave sobre centros clandestinos de detención, inteligencia militar y la represión dirigida especialmente contra trabajadores del polo industrial y portuario.
En su resolución, el magistrado recordó que en la zona portuaria de Berisso y Ensenada funcionaron diversos centros clandestinos de detención, entre ellos, la exBase Naval, la Escuela Naval, el Liceo Naval y el Batallón de Infantería de Marina N°3. También mencionó la delegación de la Prefectura Naval y el Hospital Naval "Río Santiago", donde se registraron graves violaciones a los derechos humanos.
El juez subrayó que la documentación del Archivo General de la Armada tiene un "carácter esencial como elemento probatorio" en las investigaciones judiciales, dado que aún se desconoce el paradero de muchas víctimas desaparecidas. Además, remarcó que la clasificación de documentos en distintos grupos -aquellos que se trasladarían, los que se digitalizarían y los que serían destruidos- no especificaba criterios claros ni garantías sobre la protección del material relevante.
La medida dictada por el juez Kreplak se suma a otra resolución similar tomada por el Juzgado Federal N°2 de San Martín el 31 de enero. En aquella oportunidad, también se ordenó la protección de archivos militares ante el riesgo de que documentos de valor histórico y probatorio fueran destruidos.
El juez platense indicó que la reiteración de medidas cautelares en diferentes jurisdicciones evidencia una "preocupación compartida" por la posible pérdida de material irreemplazable para las investigaciones en curso. "Dichas faenas pueden comprometer severamente la consecución eficaz de los fines del proceso penal en curso y de otras investigaciones criminales", sostuvo Kreplak en su resolución.
La decisión del Juzgado Federal N°3 de La Plata garantiza, al menos por el momento, que la documentación resguardada en el Archivo General de la Armada no será alterada ni destruida, preservando una fuente clave para el avance de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en la región.