A un año del crimen que conmovió a La Plata, el caso de Kim Gómez dejó una huella profunda en la política nacional y reactivó una reforma penal juvenil.
A un año del crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió durante un violento robo en La Plata, el impacto del caso no se mide sólo en términos del dolor de la familia. La tragedia también marcó un antes y un después en la discusión política sobre la responsabilidad penal juvenil ya que los dos involucrados tenían 17 y 14 años.
El crimen derivó, desde el principio, en un enfrentamiento directo entre el Gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires que tuvo su punto más alto en el cruce entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof.
El debate oral contra uno de los acusados por el crimen de Kim Gómez en La Plata inicia este miércoles en la sede judicial de Tolosa.
El papá de Kim Gómez contó que se aisló en la playa para poder encontrar tranquilidad y así afrontar las ocho audiencias que tendrán lugar en La Plata.
Con ese caso como punto de partida se reavivó un debate que se profundizaría con otros episodios en los que menores se vieron involucrados y derivó, meses más tarde, en la media sanción de la ley que baja la edad de punibilidad. El mayor de los acusados había salido hacía poco tiempo de un período de encierro por un robo similar pero que no terminó en tragedia y puso bajo el foco de los cuestionamiento a la funcionaria judicial que lo liberó.
Así, el asesinato de Kim no quedó circunscripto al expediente judicial. Desde las primeras horas posteriores al hecho, la política se apropió del caso y lo convirtió en símbolo de dos miradas opuestas sobre la seguridad. Mientras la sociedad marchaba en las calles pidiendo justicia, los principales dirigentes del país utilizaban el episodio para reforzar posiciones ya conocidas: mano dura, reforma penal y responsabilidad individual, de un lado; críticas al uso político del dolor y defensa de políticas integrales, del otro.
En los días posteriores al asesinato, el presidente Milei fue uno de los primeros en referirse públicamente al caso. Desde sus redes sociales y declaraciones públicas, apuntó directamente contra la administración bonaerense y reclamó la renuncia de Kicillof, al considerar que la Provincia era “un baño de sangre” y que el gobernador no estaba en condiciones de garantizar la seguridad.
El mensaje no fue aislado ni casual: Milei vinculó de manera directa la muerte de Kim con su propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal, al sostener que el sistema legal vigente protegía a delincuentes menores y dejaba indefensa a la sociedad. En ese marco, el caso fue presentado como ejemplo de un modelo que, según el Presidente, debía ser reformado con urgencia.
Desde La Plata, Kicillof respondió con dureza. Si bien calificó el crimen como “espantoso” y expresó su acompañamiento a la familia, rechazó lo que consideró una utilización política del dolor. “No todo vale por un voto”, sostuvo en uno de sus discursos más recordados de esos días, y acusó al Gobierno nacional de intentar sacar ventaja electoral con una tragedia.
El gobernador bonaerense buscó encuadrar el crimen en un problema más amplio. En varias apariciones públicas posteriores, señaló que la inseguridad no se resuelve únicamente con reformas penales y remarcó la relación entre delito, exclusión social y narcotráfico. En ese sentido, planteó que la discusión por la edad de imputabilidad era parcial si no se abordaban también políticas sociales, educativas y de contención para los jóvenes.
Kicillof también recordó que, según la legislación vigente, desde los 16 años los adolescentes pueden ser juzgados por delitos graves, y cuestionó que se presentara el caso como una demostración de impunidad absoluta. Al mismo tiempo, pidió cooperación al Gobierno nacional en materia de recursos y fuerzas federales, marcando que la seguridad no es un problema exclusivo de una jurisdicción.
Con el correr de los días, el enfrentamiento entre Nación y Provincia fue subiendo de tono. Milei volvió a cuestionar a Kicillof y el gobernador respondió desde la Legislatura provincial con un discurso cargado de críticas al Ejecutivo nacional, al que acusó de desfinanciar áreas sensibles y de eludir su propia responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico. Incluso anunció que evaluaba denunciar penalmente a Milei por sus amenazas de intervención federal, lo que terminó de convertir el caso en un conflicto institucional.
De este modo, el crimen de Kim Gómez dejó de ser sólo una causa judicial para transformarse en un episodio central de la disputa política entre dos modelos: uno basado en el endurecimiento penal como eje principal, y otro que insiste en una mirada más estructural del problema.
El impacto del caso no se agotó en los discursos. Con el correr de los meses, la discusión llegó al Congreso nacional. Proyectos que llevaban años sin avanzar volvieron a ponerse sobre la mesa, y la baja en la edad de imputabilidad se convirtió en uno de los temas más discutidos de la agenda legislativa.
Finalmente, a mediados de febrero de este año la Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto que reduce la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. La votación fue presentada por el oficialismo como un paso histórico y como respuesta a una demanda social creciente frente a hechos de violencia protagonizados por menores.
Aunque la reforma no tiene efecto retroactivo —por lo que no modifica la situación judicial de los acusados por la muerte de Kim—, el caso fue mencionado de manera reiterada en los debates parlamentarios como ejemplo de la urgencia del cambio.
A un año del crimen, Kim Gómez se transformó en un nombre propio dentro del debate público. Su historia quedó asociada no sólo a la inseguridad sino también a una de las discusiones más sensibles de la Argentina: cómo juzgar a los menores que cometen delitos graves y qué rol debe tener el Estado en su contención y castigo.
Para el Gobierno nacional, el caso reforzó el argumento de que el sistema penal juvenil debía modificarse. Para la Provincia, expuso la necesidad de no reducir la tragedia a una consigna punitiva y de discutir políticas más amplias.
En el medio, quedó una familia atravesada por el dolor y una sociedad que sigue preguntándose cómo evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.