La Justicia rechazó la excarcelación de los tres detenidos por la causa de loteos ilegales en La Plata y confirmó que continuarán en prisión. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías, que ratificó lo resuelto por la jueza Marcela Garmendia.
Los procesados Francisco Vila Basualdo, su exesposa Eugenia Martínez y Nadia Antonella Lima continuarán detenidos en una cárcel común. A los tres se los investiga por diferentes hechos de estafa en el marco de diversas operaciones inmobiliarias.
La resolución confirmó la decisión adoptada previamente por la jueza Garmendia, en el marco de la investigación por presuntas estafas inmobiliarias vinculadas con la comercialización de terrenos en emprendimientos que no contaban con las condiciones legales necesarias para su desarrollo urbanístico.
El empresario Francisco Vila Basualdo seguirá detenido en la causa por loteos ilegales en La Plata
La causa está a cargo del fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°5 y quien lleva adelante las actuaciones para determinar las responsabilidades de los acusados.
En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que Lima cuenta con nuevos abogados defensores. Se trata de los letrados Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, quienes ya aceptaron el cargo y trabajan en futuras presentaciones dentro del expediente.
Se suman denuncias en la causa por los loteos ilegales
Por otra parte, fuentes tribunalicias señalaron que en las últimas semanas se presentaron nuevas denuncias contra los acusados. Ante ese escenario, el fiscal Menucci analiza la posibilidad de ampliar los procesamientos, en función de los nuevos elementos incorporados a la investigación. Además el fiscal ya trabaja en el análisis de las prisiones preventivas.
La Justicia investiga diversos casos de presuntas estafas en la venta de loteos en La Plata y la región
Ignacio Amiconi | AGLP
El expediente investiga presuntas maniobras de estafa vinculadas con la venta de lotes en emprendimientos inmobiliarios de La Plata. Según la hipótesis de la fiscalía, los terrenos eran ofrecidos con promesas de urbanización y escrituración individual, pese a que no reunían los requisitos legales para concretarlas.