La víctima denunció en 2024 a una expareja de su mamá por los ataques sufridos en su niñez y adolescencia. Ahora, la causa por los abusos avanza.
Un hombre fue procesado en La Plata por al menos tres hechos de abusos sexuales triplemente agravados cometidos hace 29 años, cuando la víctima era apenas una nena. El acusado era por entonces la pareja de su mamá y enfrenta graves cargos en el marco de una investigación que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, a cargo de la fiscal Betina Lacki.
La denuncia fue radicada en 2024 y dio inicio a una investigación penal que avanzó en 2025 con distintas medidas de prueba, entre ellas declaraciones testimoniales y pericias psicológicas.
La Justicia de La Plata dejó detenido al policía imputado por secuestrar y abusar de una joven en Parque Pereyra Iraola. La investigación avanza con pruebas clave.
La agrupación La Capitana quedó en el centro de la escena tras la detención y procesamiento de sus principales referentes, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz.
En ese marco, el pasado lunes el imputado fue convocado a prestar declaración indagatoria tras ser acusado de al menos tres episodios de abuso sexual agravado por el vínculo, la convivencia y la condición de menor de edad de la víctima. En aquella audiencia, sin embargo, optó por no declarar.
Según indicaron fuentes vinculadas al expediente, la Fiscalía evalúa ahora el cierre de la etapa de instrucción y el eventual pedido de elevación a juicio oral, en función de la prueba reunida a lo largo del último año. En la acusación particular sostienen que el avance del expediente representa un paso clave para que los hechos lleguen a ser juzgados en un debate oral y público.
La víctima explicó que durante muchos años no pudo hablar de lo sucedido. "Después de varios años de haber bloqueado todo lo relacionado al abuso, un día en terapia lo recordé, lo desbloqueé. Con el tiempo entendí que aquel bloqueo no fue otra cosa que supervivencia. Fue la herramienta que encontró mi inconsciente para que pudiera seguir con mi vida", relató en el material aportado al expediente.
En ese mismo testimonio, la denunciante remarcó que su decisión de recurrir a la Justicia no está motivada por un ánimo de revancha: "Yo no quiero venganza. Quiero dejar de ser yo quien cargue con las consecuencias de lo que me pasó". El proceso de elaboración subjetiva y la decisión de denunciar se dieron, según su entorno, luego de un trabajo terapéutico prolongado que permitió reconstruir recuerdos que habían permanecido reprimidos durante años.
El caso vuelve a poner en el centro del debate los tiempos en los que muchas víctimas de abusos sufridos en la niñez logran verbalizar y denunciar lo ocurrido. Especialistas en la temática señalan que el silencio prolongado no implica consentimiento ni falsedad, sino que suele estar atravesado por mecanismos de defensa psíquica, miedo, vergüenza, dependencia emocional y contextos familiares que dificultan la denuncia temprana.
Los debates sobre la prescripción de los delitos sexuales contra chicos y adolescentes forman parte de una discusión social y jurídica que se intensificó en los últimos años. A partir de modificaciones legislativas, los plazos de prescripción comenzaron a computarse desde la mayoría de edad de la víctima y, en determinados supuestos, desde el momento en que se formula la denuncia, lo que permitió reabrir o impulsar investigaciones por hechos ocurridos décadas atrás.
En la acusación particular, encabezada por las abogadas Sofía Caravelos y Martina Wall, destacaron que estas reformas reflejan un cambio de paradigma. "Denunciar no es solo un acto judicial. Es un proceso individual y colectivo que cuestiona las prácticas estructurales que como sociedad sostienen los abusos sexuales y otros crímenes de género, para poder transformar nuestro presente y futuro", apuntaron al respeto. Y en esa misma línea subrayaron además que el acompañamiento institucional y profesional resulta clave para que las víctimas puedan transitar el proceso judicial sin revictimización.
Con la indagatoria ya realizada y la negativa del imputado a declarar, la causa ingresa ahora en una etapa decisiva. La Fiscalía deberá definir si solicita la elevación a juicio, lo que habilitaría la intervención de un Tribunal Oral en lo Criminal para que el caso sea juzgado en un debate público. Para la víctima y su entorno, el avance del expediente constituye un paso central en un proceso de reparación simbólica que, aun con el paso del tiempo, busca que los hechos no queden impunes.