La mamá de Killian Faruolo Casas denunció a Héctor Vogliolo y a dos juezas por mal desempeño y pidió su juicio político por frenar la investigación.
La causa por la muerte de un nene de 3 años en una pileta de Los Hornos que conmocionó a La Plata y el país sumó un nuevo capítulo de máxima tensión institucional: la mamá de la víctima presentó un pedido de juicio político para el fiscal general y dos camaristas, a quienes acusa de haber obstruido la investigación y limitado el avance de la causa para que solo una persona llegue al banquillo.
La denuncia fue formalizada ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires por Sara Elizabeth Casas, mamá de Killian Natanael Omar Faruolo Casas y quien cuenta con el patrocinio del abogado Ignacio Fernández Camillo. En ese escrito, la mujer apuntó directamente contra el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, y las juezas de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías, María Silvia Oyhamburu y María Sofía Rezzónico Bernard, por presunto mal desempeño, negligencia grave e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El eje del planteo no es solo jurídico: es profundamente humano. Casas sostiene desde el primer día que su hijo no murió por un descuido aislado, sino en un contexto donde había múltiples adultos presentes que omitieron actuar.
El hecho ocurrió el 26 de febrero de 2023, en una vivienda en la que se desarrollaba una reunión familiar y, según surge del expediente, el pequeño ingresó a una pileta sin medidas de seguridad, permaneciendo sumergido durante varios minutos sin recibir auxilio alguno.
La reconstrucción se apoya en un elemento clave: un video de una cámara de seguridad que, según la denunciante, muestra con precisión la secuencia completa. Allí se observa que el nene estuvo bajo la mirada de varios adultos, incluso a escasa distancia, durante el minuto en el que luchó por su vida. "Había personas a un metro mirando", sostiene Casas en su presentación, donde detalla que al menos siete adultos tenían visión directa del menor en distintos momentos previos a la caída.
Pese a ese cuadro, la investigación penal avanzó únicamente contra la abuela paterna, Alejandra Arroz, quien será juzgada por homicidio culposo. El resto de los adultos –incluido el tío del pequeño, mencionado reiteradamente en el expediente– quedaron fuera del proceso. Ese recorte, ahora, es el corazón del conflicto.
Desde entonces, Casas emprendió una batalla judicial para ampliar la investigación. Según describe en su denuncia, fue ella misma quien impulsó medidas clave, como la obtención del video que permitió reconstruir el hecho. También señala que la única funcionaria que acompañó su postura fue la fiscal de instrucción Marita Scarpino, quien incorporó ese material probatorio.
Sin embargo, asegura que el resto de la estructura judicial actuó en sentido contrario: desestimó líneas de investigación, fragmentó el expediente y evitó avanzar sobre otros posibles responsables. En esa línea, uno de los puntos más duros del escrito apunta a Vogliolo, a quien acusa de haber convalidado decisiones "dogmáticas" sin analizar la prueba central del caso.
Según la denunciante, el jefe de los fiscales no solo rechazó investigar a otros adultos, sino que además nunca la recibió como víctima, en abierta contradicción –sostiene– con la normativa que garantiza su participación en el proceso penal. "Se negó sistemáticamente a atenderme", afirma Casas, quien también denuncia que se vulneraron leyes de protección a las víctimas tanto a nivel provincial como nacional.
Otro de los ejes de la acusación es el manejo de la investigación. Tras una orden judicial para profundizar la pesquisa, en lugar de ampliar la causa existente, se abrió un nuevo expediente. Según la mamá, esa decisión generó un año de demoras innecesarias por conflictos de competencia entre fiscalías y juzgados, lo que terminó diluyendo el impulso inicial. Finalmente, esa segunda investigación también fue desestimada, convalidando la hipótesis de que la única responsable era la abuela del menor. Para Casas, esa conclusión ignora de manera directa el contenido del video y la dinámica real de los hechos.
La denuncia también apunta contra las camaristas Oyhamburu y Rezzónico Bernard, quienes intervinieron cuando Casas intentó revertir las decisiones que habían limitado la investigación. Tras un planteo de nulidad y una apelación, el caso llegó a la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías y allí, según el escrito, las juezas rechazaron el recurso por cuestiones formales, sin analizar el fondo del planteo.
Casas denuncia que esa decisión le cerró definitivamente el acceso a la justicia y consolidó la exclusión de otros posibles responsables. Además, cuestiona que ni siquiera fue recibida personalmente por las magistradas, pese a haberlo solicitado. "El punto de quiebre", describe la mujer, fue cuando la causa pasó de discutir responsabilidades a quedar atrapada en formalismos procesales.
El capítulo más extenso de la denuncia está dedicado a Vogliolo. Allí se detallan una serie de conductas que, según la presentación, configuran mal desempeño:
En este último punto, Casas denuncia que el fiscal general intentó derivar a Fernández Camillo al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de La Plata, en lo que interpreta como un intento de amedrentamiento.
La respuesta del letrado fue contundente: acusó al funcionario de buscar "un chivo expiatorio" frente a la falta de avances en la causa.
El pedido de juicio político tramita ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, un organismo clave en el sistema institucional bonaerense. Esta dependencia tiene como función recibir denuncias contra jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales, analizar su admisibilidad y, eventualmente, impulsar el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento. Ese jurado es el órgano encargado de juzgar la conducta de magistrados y puede aplicar sanciones que van desde apercibimientos hasta la destitución del cargo.
En este caso, la denuncia invoca el Artículo N°21 de la Ley N°13.661, que prevé sanciones por incumplimiento de deberes, negligencia grave y mal desempeño.
Mientras tanto, la causa penal sigue su curso hacia el juicio oral con una única imputada: la abuela del pequeño. Ese escenario es el que su mamá intenta revertir desde hace más de 3 años. Su objetivo es que se investigue a todos los adultos que, según el video, estaban en condiciones de evitar la tragedia.
"No se trata de una diferencia jurídica, sino de decisiones que impidieron esclarecer lo sucedido", sostiene en su presentación. La frase sintetiza el trasfondo del conflicto: una mujer que no solo busca justicia por la muerte de su hijo, sino que denuncia haber quedado atrapada en un sistema que –según afirma– decidió mirar para otro lado.
El jury ahora deberá determinar si hubo irregularidades en el accionar de los funcionarios denunciados. Pero más allá del desenlace institucional, el caso ya expone una grieta profunda entre la respuesta judicial y el reclamo de una víctima que insiste en una pregunta central: quiénes eran, exactamente, los adultos responsables aquella tarde en la pileta.
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