Los ediles de LLA piden precisiones sobre el vehículo que lee las patentes en La Plata para controlar si se pagó estacionamiento medido.
El bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante de La Plata para que la gestión del intendente Julio Alak brinde precisiones sobre la incorporación del auto "cazainfractores", que recorre las calles de la ciudad controlando de manera automática si los autos pagaron el estacionamiento medido o no.
El proyecto de resolución solicita que la Municipalidad detalle la fecha de incorporación del vehículo, el acto administrativo que lo autorizó y el monto total invertido en su adquisición. Además, pide conocer si se trató de una compra o una cesión y exige precisiones sobre el costo del equipamiento tecnológico -como cámaras, software de lectura de patentes y sistema de georreferenciación- junto con el origen de los fondos utilizados.
Los radicales volvieron a su vieja denominación, tras el portazo de la concejala Melany Horomadiuk. Los libertarios expusieron sus tensiones con el PRO.
El bloque oficialista en el Concejo Deliberante pasará de 10 a 12 integrantes entre alakistas, camporistas, renovadores, sindicalistas, tolosistas y brueristas.
Entre otros puntos, los ediles libertarios Guillermo Bardón, María Florencia Defeo, María Florencia Barcia y Belén Muñoz también reclaman información sobre la empresa proveedora del software y hardware, la cantidad de actas labradas desde que el vehículo comenzó a circular, las zonas de cobertura y la nómina de personal asignado a su operación. Además, buscan conocer los mecanismos de control, auditoría y trazabilidad de las infracciones registradas.
En los fundamentos, los autores del proyecto remarcan que "la aparición del auto 'cazainfractores' generó más preguntas que respuestas" y cuestionan que ni los concejales ni los vecinos fueron debidamente informados sobre el costo, funcionamiento ni resultados del sistema.
"En una ciudad donde la inseguridad, el desorden vial y la falta de presencia estatal en los barrios son problemas estructurales, la decisión de invertir en un sistema automatizado de fiscalización del estacionamiento -sin debate público ni rendición de cuentas- parece más orientada a la recaudación que a la mejora del espacio público", señalan los concejales.
"La fiscalización del estacionamiento medido no puede convertirse en una trampa móvil para multar sin control ni transparencia. Si el objetivo es ordenar el tránsito, mejorar la rotación vehicular y garantizar el cumplimiento de normas, entonces el sistema debe estar acompañado de información pública, criterios técnicos, control institucional y evaluación de impacto", concluyen.