El concejal del PRO Nicolás Morzone impulsó un pedido de informes hacia Julio Alak y Verónica Magario por los casos de abusos en el Senado bonaerense.
Tras presentar un proyecto de ordenanza para crear una comisión especial, el presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante de La Plata, Nicolás Morzone, propuso ahora solicitar informes al intendente Julio Alak y a la vicegobernadora Verónica Magario, para que expliquen qué medidas tomaron y qué información manejan sobre el caso de presuntos abusos denunciados en el Senado bonaerense.
El primero de los proyectos de resolución está dirigido a Magario, en su carácter de presidenta de la Cámara alta. Allí, el concejal solicita que informe si la Presidencia o las autoridades administrativas de esa cámara tomaron conocimiento de las denuncias y en qué fecha y qué medidas administrativas, disciplinarias o preventivas se dispusieron a partir de ese momento, incluyendo eventuales sumarios, suspensiones o apartamientos a los dos empleados imputados en la causa, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz.
También reclama saber si el Senado realizó denuncias penales o aportó documentación y registros a la Justicia, si se activaron protocolos internos ante situaciones de violencia o abuso y cuáles fueron los resultados, y por qué motivo la institución "aún no se ha pronunciado públicamente" sobre el tema.
En los fundamentos, el texto sostiene que el caso tiene "extrema gravedad institucional" y remarca que, por tratarse de hechos denunciados en un edificio público ubicado en pleno centro platense, la situación impacta de forma directa en la ciudad. En ese marco, el proyecto afirma que la responsabilidad política e institucional de Magario como titular del Senado es "ineludible".
El segundo pedido de informes está dirigido al intendente Alak y, en particular, al secretario de Seguridad, Diego Pepe. La iniciativa solicita que el Municipio detalle si tomó conocimiento formal o informal de las denuncias y desde cuándo, si se activaron protocolos municipales vinculados a situaciones de violencia o vulneración grave de derechos y si se puso a disposición de las presuntas víctimas un equipo técnico interdisciplinario con asistencia psicológica, social o legal.
Además, el proyecto pregunta si existió articulación con organismos especializados, si el Municipio evaluó presentarse como particular damnificado en la causa judicial y, en caso de no hacerlo, cuáles son las razones.
También solicita precisiones sobre un eventual aporte de cámaras y registros de monitoreo urbano al Poder Judicial, y si se adoptaron medidas preventivas o de resguardo en el entorno del Senado para garantizar seguridad y protección de derechos de quienes trabajan o transitan por la zona.
Los dos proyectos se suman al proyecto de ordenanza que Morzone presentó para crear una Comisión Especial Investigadora y de Enlace en el Concejo Deliberante, con el objetivo de realizar seguimiento institucional, articular acciones con distintos organismos y promover asistencia y acompañamiento a las víctimas, sin interferir en la investigación judicial.
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