Abogados de la víctima solicitaron la cárcel o el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. El juicio comienza el 10 de junio en La Plata.
La causa por presunto abuso sexual del odontólogo Joaquín Gianfelici sumó un nuevo capítulo de alta tensión judicial en La Plata, cuando la representación legal de la denunciante pidió su detención luego de advertir que el imputado salió del país sin informar previamente a las autoridades judiciales y faltó a una audiencia clave del proceso.
El planteo fue formulado por los abogados de la víctima, Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, durante una audiencia en la que además se discutió una propuesta de la fiscalía de juicio para cerrar el expediente mediante una suspensión de juicio a prueba -conocida como probation-, alternativa que fue rechazada de manera tajante por la denunciante, quien manifestó su voluntad de llegar al debate oral: "Quiero que se me escuche en un juicio y que se sepa la verdad", sostuvo.
La definición quedó ahora en manos de la jueza Claudia Grecco, quien deberá resolver el pedido de medida de coerción formulado por la querella.
El expediente tiene fecha de juicio oral prevista para el próximo 10 de junio en el Juzgado Correccional 4 de La Plata, casi cinco años después de los hechos denunciados.
La audiencia estuvo marcada por el fuerte alegato de los representantes de la víctima, quienes sostuvieron que el comportamiento procesal del imputado modificó las condiciones bajo las cuales transitaba el expediente en libertad.
Según expusieron, el odontólogo no asistió a la audiencia prevista días atrás y posteriormente se constató que estaba en Uruguay sin haber comunicado el viaje.
"Se burló de todos nosotros. Del Ministerio Público, de la jueza, de nosotros y fundamentalmente de la víctima", expresó Galasso al fundamentar el pedido.
Los abogados remarcaron que la ausencia obligó a reprogramar la audiencia y provocó una nueva instancia de revictimización para la joven denunciante, que había concurrido al edificio judicial esperando que el acto procesal se realizara.
"Estuvimos todo el día esperando acá y el señor estaba en Uruguay. Como si el proceso penal fuera una reunión de colegio. No voy, no aviso y total no pasa nada", sostuvo el letrado.
La acusación particular argumentó que la salida del país sin aviso previo configura indicadores compatibles con peligro de fuga y entorpecimiento procesal, dos de los presupuestos legales que habilitan restricciones a la libertad durante el proceso penal.
Galasso incluso remarcó la contradicción que observa diariamente desde su rol habitual de defensor penal. "Por mucho menos defiendo personas que están detenidas. Por mucho menos se pidieron prisiones preventivas", afirmó.
Como alternativa subsidiaria, los abogados propusieron que, si la jueza considera excesiva la detención efectiva, el imputado cumpla arresto domiciliario con monitoreo electrónico y geolocalización.
Durante la audiencia surgió otro punto sensible: la fiscalía de juicio propuso evaluar una suspensión de juicio a prueba, conocida popularmente como probation.
La probation es un mecanismo previsto en el Código Penal que permite suspender el proceso judicial antes del juicio oral bajo determinadas condiciones. El imputado debe aceptar reglas de conducta -como fijar domicilio, realizar tareas comunitarias, someterse a controles o efectuar reparaciones económicas- y, si cumple esas pautas durante el plazo establecido, el proceso puede extinguirse sin llegar a una sentencia.
No implica una absolución ni una condena, sino una salida alternativa al juicio.
Sin embargo, en causas sensibles, especialmente aquellas vinculadas con violencia de género o delitos sexuales, suele generar fuertes debates porque evita la realización del debate oral y público.
En este expediente, la propuesta fue rechazada por la denunciante, Florencia López, quien insistió en que pretende atravesar el juicio y obtener una resolución judicial sobre los hechos denunciados. La postura de la víctima fue clara: quiere declarar en audiencia y que el caso sea ventilado públicamente.
El expediente se originó por hechos denunciados ocurridos durante la madrugada del 27 de diciembre de 2020 en una vivienda ubicada en 45 entre 196 y 197.
Según la acusación fiscal incorporada al pedido de elevación a juicio, alrededor de las 5.30 el imputado habría ingresado a una habitación donde descansaba su prima y, contra la voluntad de ella, la besó y realizó tocamientos.
La imputación quedó encuadrada como "abuso sexual simple", delito cuya escala penal va de seis meses a cuatro años de prisión.
La investigación avanzó con testimonios de personas presentes aquella noche, declaraciones profesionales y pericias psicológicas y psiquiátricas.
Entre los elementos valorados por la fiscalía figuraron:
El imputado negó la acusación durante su declaración indagatoria. Luego de declarar solicitó el sobreseimiento, planteo que fue rechazado. También fracasó una acción paralela iniciada por injurias luego de publicaciones realizadas en redes sociales sobre el caso.
La denuncia presentada por Florencia López describió un quiebre definitivo en un vínculo familiar que hasta entonces -según relató- estaba atravesado por la confianza.
De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, la joven había participado de una reunión social realizada en la casa del imputado y decidió retirarse a descansar porque al día siguiente debía trabajar. Allí habría ocurrido el episodio denunciado.
La joven sostuvo que quedó "paralizada" frente a una situación que jamás imaginó y describió que intentó frenar lo ocurrido recordándole al acusado el vínculo familiar que los unía. El episodio habría cesado cuando otras personas ingresaron a la habitación. Días después radicó la denuncia penal.
Según expresó públicamente en distintas oportunidades, el hecho impactó profundamente en su salud mental y desde entonces permanece bajo tratamiento.
La causa avanzó además en un contexto de fuerte exposición pública luego de que la denunciante difundiera en redes sociales un extenso relato sobre lo ocurrido y cuestionara la lentitud del proceso judicial. "Tuve que moverme sola para que la causa avance", expresó tiempo atrás.
Desde la denuncia, además, permanece vigente una medida cautelar que impide al acusado acercarse a menos de 200 metros de la joven.
Ahora el expediente entra en su etapa decisiva: el juicio oral ya tiene fecha, pero antes la Justicia deberá resolver si el odontólogo continuará el proceso en libertad o si corresponde imponer una medida restrictiva tras el episodio del viaje al exterior.
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