La jornada de apertura incluyó el testimonio de otros testigos claves que aportaron detalles sobre las circunstancias de la muerte de Lucas y la actuación posterior de las autoridades del colegio. Silvina Ponce, de la División de Casos Especiales de la Policía Científica, presentó fotografías y videos que capturaron la escena un día después del accidente. Según su declaración, la pileta había sido demarcada con sogas y boyas para esa fecha, pero varios testigos señalaron que tales medidas de seguridad no estaban presentes el día de la tragedia, lo que generó la sospecha de una posible manipulación del lugar de los hechos por parte de los acusados.
Asimismo, el paramédico Mariano Apolonio, uno de los primeros en llegar a la colonia, brindó una descripción detallada de los esfuerzos realizados para salvar a Lucas. Recordó que encontraron al nene tendido boca arriba junto a la pileta, pálido y sin signos vitales. Aunque intentaron reanimarlo a través de RCP y otros métodos, los intentos fueron en vano. La gráfica de sus esfuerzos puso en evidencia la gravedad de la situación y los momentos críticos que siguieron al hallazgo.
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Imagen: Sofia de Virgilio con fotos de AGLP
Asoman las responsabilidades
La declaración de un empleado de la colonia fue lo más saliente de la segunda audiencia. Se trata de Leandro Díaz, quien al momento del hecho (5 de febrero de 2019) se desempeñaba como uno de los ayudantes de grupo. A la fecha, era un estudiante del Profesorado de Educación Física. Además, era (y es) profesor de natación. Estaba a cargo del grupo de los nenes de 2, 3 y 4 años.
En su declaración, confirmó que los directivos del colegio (Gerardo Monreal -dueño- y Roxana Costa) eran los encargados de la selección del personal. También refirió que Osvaldo Ramos era el director de la colonia y Marcos Echaniz el coordinador de la misma.
En otro pasaje de su extensa declaración, señaló que Martín Argüelles era el guardavida del lugar y su ayudante, Carolina Muro. A todo eso, recordó haber visto a personal municipal en el predio durante el año 2019, pero no supo precisar identidades ni fecha aproximada.
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Imagen: Sofia de Virgilio con fotos de AGLP
Las piezas comienzan a ensamblar
Camila Cercato, ex empleada en la colonia del Colegio Lincoln. A la fecha del hecho era “la profe” del grupo de los colonos más grandes (entre 8 y 12 años de edad). Su ayudante era Lautaro Ramos, hijo de uno de los acusados.
Lloró al recordar la muerte del nene. Confirmó que el mismo día del hecho, post tragedia, festejaron el cumpleaños de una nena en la colonia de vacaciones. A pocos metros del festejo, estaba el cadáver frío y mojado de Lucas Lin.
También aportó detalles certeros en cuanto a la organización y distribución de roles que puso en situación incómoda a la mayoría de los acusados.
Al momento de comenzar a trabajar había cursado menos de la mitad de la carrera de profesorado de Educación Física, cuando el marco legal exige un mínimo de 80% de materias aprobadas para poder trabajar con infancias.
“Marcos (Echaniz, uno de los acusados) no tomaba decisiones, se las consultaba a (Osvaldo) Ramos (otro de los imputados) que a su vez consultaba a las autoridades” en relación a Roxana Costa. “Marcos sería una especie de preceptor, Osvaldo consultaba con el colegio, con Roxana”, describió. La acusada Costa “venía cada tanto (a la colonia), supervisaba, controlaba y se iba”, recordó.
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La mamá y el papá de Lucas Lin declararon en la primera audiencia del juicio oral.
Foto: AGLP
Tres testigos aportaron y reforzaron información dirimente. El primero en declarar fue el médico autopsiante, Santiago Paredes, exintegrante de la Morgue Policial a la que renunció. El profesional confirmó que el nene falleció ahogado y lo dejó expresado como “asfixia por sumersión”.
El profesional ilustró a jueces y partes de su labor profesional, contestó todas las preguntas y aseveró que, durante la autopsia, que duró una hora, no vio nada raro ni que le llamara la atención, en ese caso “lo habría consignado”.
Luego fue el turno de Camilo Carranza quien se desempeñó como docente de música tanto en la colonia como en el Jardín del Lincoln. En su relato recordó el momento de la tragedia y señaló que nunca más habló con sus excompañeros de trabajo sobre el tema.
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Hasta el momento las defensas han mostrado un elevado grado de profesionalismo y respeto por el proceso.
Foto: AGLP
Orden jerárquico en la colonia
El predio donde se desencadenó la tragedia queda ubicado en calle 518 entre 135 y 137. Allí el orden jerárquico, según el testigo era Osvaldo Ramos, como autoridad de la colonia y Marcos Echaniz como el segundo a cargo.
A los pocos días de la muerte de Lucas se realizó una reunión entre el personal de la colonia, los encargados del lugar y los directivos de la institución. Según el testigo de ese encuentro participaron Ramos, Echaniz y Roxana Costa, entre otros.
En su relato Carranza explicó que las autoridades del colegio les ofrecieron ayuda psicológica grupal y que se reanuden las actividades en la colonia de vacaciones. El testigo rechazó ambas ofertas y reconoció que en la actualidad tiene familiares directos que trabajan en el Colegio Lincoln.
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Marcelo Peña a cargo de la defensa de los inspectores municipales acusados de falsear documentos.
Foto: AGLP
Testigo del expediente civil
Francisco Etchegaray es profesor de Educación Física. Trabajó en la colonia los años 2017 y 2018 como docente de natación. El testigo fue propuesto por los abogados de la familia Lin. Según sus dichos Rubén Monreal y Ruth Pasadore son los dueños de la empresa educativa.
En otro pasaje de su declaración no vaciló en sostener que “las decisiones finales” de lo que ocurría en la colonia “pasaba por la escuela”. Este dato no es menor, para los testigos, “la escuela” está formada por Monreal, Costa, Pasadore y Mónica Cauteruccio, quien no llegó a la etapa de debate, fue sobreseida. Pasadore nunca fue imputada, es la expareja de Monreal.
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El abogado Juan Gabriel Mendy, que asiste a Roxana Costa, dialoga con la fiscal de juicio Helena de la Cruz.
Foto: Archivo
Fuentes del caso señalaron a 0221.com.ar que “queda más que claro la responsabilidad de todos los acusados, pero esto es audiencia por audiencia, hay que ordenar el panorama”. No se descarta que pidan apertura de nuevas investigaciones para otras personas.
La próxima audiencia será el lunes 11 de noviembre a las 10:00 horas. Se espera que para esa jornada se agote la prueba de la acusación y, eventualmente quede pendiente la declaración de testigos que justifiquen debidamente su ausencia en esa jornada, según estableció el Tribunal III de La Plata.
En tanto el día martes 12 de noviembre, a las 12:00 horas, comenzará la etapa de la prueba de la defensa.
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Andrés Vitali, Santiago Paolini y Ernesto Domenec los jueces a cargo del veredicto en este juicio oral.
Foto: AGLP
El enojo del Tribunal
Durante las cuatro audiencias del debate el tribunal, en voz de su presidente, Santiago Paolini, llamó la atención a las partes por varios motivos: llegadas tardes, salidas de acusados de la sala de debate sin el permiso necesario, el diálogo entre las partes durante el juicio y la escasa citación de testigos hasta el momento.
Estas situaciones, que no son nuevas, ponen en evidencia (una vez más) la necesidad de cobertura de vacantes judiciales ya que, en La Plata, de los cinco tribunales orales, tres se encuentran desintegrados por falta de jueces.
A esto hay que sumarle la poca cantidad de fiscales para la etapa de juicio, las pocas salas acondicionadas para realizar debates orales y las malas condiciones edilicias que presentan los edificios judiciales del fuero Penal de La Plata.
Este cuadro de situación complica las agendas de todos los actores del sistema judicial, pero el juez Paolini fue tajante: “La prioridad la tiene el juicio oral” y exhortó a las partes para que, entre otros requerimientos, garanticen la presencia de testigos para las audiencias.
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Imagen: Sofia de Virgilio con fotos de AGLP
Protagonistas del juicio oral
La acusación pública está a cargo de la fiscal Helena de la Cruz, mientras que la familia de Lucas está representada por la abogada Andrea Reynoso y su colega Matías Pietra Sanz.
Carolina Muro (37) y Martín Argüelles (42) están acusados de "abandono de persona seguido de muerte" y, subsidiariamente, de "homicidio culposo". La mujer es defendida por el letrado particular Tomás Bernard y Argüelles por el defensor oficial Juan Manuel Fernández.
Rubén Monreal (72) es el dueño de la institución. Está acusado de "homicidio culposo" y es asistido en la defensa por los letrados Santiago Irisarri y Flavio Gliemmo.
Osvaldo Ramos (63) debe responder también por "homicidio culposo". Cuenta con la defensa de la abogada particular Noelia Kirilenko. En la misma situación se encuentra Roxana Costa (65) asistida por el letrado Juan Gabriel Mendy. Lo mismo para el profesor de Educación Física, Marcos Echaniz (38) con la defensa de Joaquín Colombo y Patricio Martín Ghione.
Por último, los inspectores municipales Miriam Salinas (49) y Diego de Luca (51), acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", cuentan con la asistencia del abogado Marcelo Peña quien señaló a 0221.com.ar que sus defendidos "trabajaron acorde a la ordenanza y normativa aplicable, resulta imposible endilgarles responsabilidad penal de una tragedia sucedida mucho tiempo después del labrado de un acta".
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Criminal III de La Plata, presidido por Santiago Paolini y acompañado por los jueces Andrés Vitali y Ernesto Domenech.