El Tribunal Oral Federal de La Plata dio a conocer el fallo por los delitos de lesa humanidad cometidos en en 1 y 60 y la comisaría Octava contra 300 víctimas.
Ante una sala de audiencias desbordada y con gente el hall principal siguiendo las alternativas, el Tribunal Oral Federal (TOF) de La Plata dio a conocer el veredicto por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos 1 y 60 y comisaría Octava, el cual incluyó penas de prisión perpetua para 11 de los represores que estuvieron sentados en el banquillo durante un proceso que duró tres años. Los otros dos recibieron 25 y 18 años respectivamente.
Durante la lectura se produjeron momentos de tensión cuando los imputados que siguieron la lectura por videoconferencia desde sus domicilios, salían del plano, hablaban o realizaban gestos que fueron interpretados como provocadores. El reclamo principal expresado por las querellas en ese momento fue que se les permitió no asistir a la sala de audiencias ubicada en el edificio de 8 entre 50 y 51.
La sala explotó en aplausos ante cada perpetua leída por secretaría y con el grito clásico de "a donde vallan los iremos a buscar", cuando la lectura terminó con el pedido para que los lugares de encierro sea señalizados: fueron mencionado el espacio de 1 y 60 y las comisarías Segunda y Octava.
Aunque los fundamentos del fallo serán leídos el 11 de agosto próximo, el Tribuna integrado por los jueces Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso ya dejó sentado que los delitos fueron considerados de lesa humanidad y en el marco del genocidio cometido entre 1976 y 1983.
Entre otros delitos, las condenas fue por la aplicación de tormentos, secuestros, desaparición forzada de personas en muchos casos seguida de muertes, además de delitos sexuales imputados a varios de ellos, algo que fue valorado por las querellas y generó la reacción del público que gritó "violadores" a los condenados.
Los delitos en cuestión tuvieron como víctimas a 300 personas, muchas de las cuales siguen desaparecidas o fueron asesinadas y otros sobrevivieron y pudieron presenciar la lectura.
En orden de la lectura que se realizó este jueves en La Plata, los condenados a prisión perpetua fueron el exoficiales de Inteligencia Jorge Alberto Crinigan, el exoficial de Operaciones Ismael Ramón Verón, el exoficiales de Personal Enrique Francisco Welsh, los expolicías Claudio Rubén Mejías y Raúl Ricardo Monzón.
También fue condenado a perpetua el exministro de Gobierno provincia Jaime Lamont Smart, el expolicía Rubén Vicente Sánchez; el el exoficial de Logística Enrique Armando Cicciari; los exoficiales del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale.
El civil Carlos Ernesto Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y uno de los civiles enjuiciados, recibió una condena de 25 años. En tanto que el exjefe de la Compañía A Lucas Marcelo Castro, fue el acusado que recibió la pena más leve, al se condenado a 18 años de prisión.
El juicio oral por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede central del Cuerpo de Infantería y el Regimiento de Caballería de la Policía Bonaerense, ubicado en 1 entre 59 y 60 y considerado el primer eslabón represivo en la ciudad; y en la comisaría Octava de Villa Elvira llegó a la instancia del veredicto después de tres años de audiencias.
El debate comenzó en mayo de 2023 y reunió casos de secuestros, torturas y privaciones ilegales de la libertad ocurridos entre marzo y diciembre de 1976 contra trabajadores y militantes del cordón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada. En total, el proceso contempló a 300 víctimas cuyos nombres se leyeron en su totalidad este jueves antes de la lectura del veredicto. Algunos de los sobrevivientes estuvieron en la sala.
Si bien en principio los imputados eran unos 30, con el paso del tiempo y por distintas circunstancia la cifra fue bajando hasta 18 primero y luego los 13 que finalmente fueron condenados.
Las querellas y la fiscalía solicitaron condenas a prisión perpetua para los acusados al considerar acreditada su participación en un plan sistemático de exterminio desplegado durante la última dictadura cívico militar. En ese marco, las querellas sostuvieron que los delitos juzgados "son parte de un plan sistemático de exterminio parcial del grupo nacional argentino".
Entre los condenados se se encuentra como figura política fuerte el civil Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno bonaerense, además de ex integrantes del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, miembros del Destacamento de Inteligencia 101, expolicías bonaerenses y Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).
El juicio también marcó la primera vez en que se juzgó a militares vinculados al Regimiento 7 de Infantería de La Plata, donde tenía asiento el Área 113. Entre ellos figuran Jorge Alberto Crinigan, Ismael Ramón Verón, Lucas Marcelo Castro, Enrique Francisco Welsh, Rubén Vicente Sánchez y Enrique Armando Cicciari.
Las víctimas provenían en gran parte de fábricas y empresas estratégicas de la región, como Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, SIAP, YPF y el Frigorífico Swift. Según las acusaciones, la represión buscó desarticular la organización obrera y disciplinar a los trabajadores mediante el terrorismo de Estado.
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